Lex Irnitana: cognitio de los magistrados locales en

interdictos, y limitación a su competencia por cuantía.

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Aunque aún no se ha podido determinar la localización del municipio romano de Irni que no aparece en los elencos plinianos, la Lex Irnitana (en adelante LI), descubierta en 1981 en seis tablas de bronce a 5 kms. de El Saucejo, cerca de Sevilla, sin duda constituye uno de los recientes descubrimientos epigráficos[1] que ha engrandecido nuestro conocimiento sobre muchos aspectos de la administración y sobre todo por lo que interesa en estos momentos, de los procesos desarrollados en los municipios fuera de Roma[2], corroborando unas veces y ampliando otras, lo que ya se conocía por otros textos epigráficos descubiertos en Italia (Lex Rubria de Gallia Cisalpina, Fragmentum Atestinum) y especialmente por las grandes leyes municipales de la Hispania romana – leges Ursonensis, Salpensana, Malacitana – ; la LI coincide casi exactamente con la lex Salpensana y la Malacitana que han servido de base para numerar convencionalmente los capítulos de la LI descubierta sin esta división; asimismo coincide también con otros fragmentos de las leges Basiliponensis, Italicenses y Ostipponensis. De la LI sólo se han encontrado seis tablas de las diez que habría tenido originariamente.

 

 Asombra a primera vista la extensión de este documento dado para el municipium Flavium Irnitanum[3]. Según d’Ors[4] la LI sería una copia de una lex Flavia municipalis que habría concedido Domiciano[5] en el 90 a los municipios latinos hispánicos después que Vespasiano atribuyó el ius Latii a la península ibérica en el 74 d.C.[6], en mi opinión en base a la potestas censoria perpetua que había asumido el primer emperador de la dinastía Flavia[7], tema que plantea numerosas incógnitas aún no despejadas del todo sobre las relaciones entre ius Latii (con las complejas y diversas formas de organización política y administrativa en las comunidades con ius Latii[8], a lo que hay que añadir las consecuencias para la romanización de la concesión a comunidades indígenas unas veces del ius Latii maior y otras del ius Latii minor) y la adquisición de la ciudadanía romana[9] en Hispania. Es significativo que la LI aparece casi veinte años mas tarde del edicto de Vespasiano que según Plin. n.h. 3.3.30 Universae Hispaniae Vespasianus imperator Augustus iactatum procellis rei publicae Latium tribuit. La opinión científica general sobre el argumento se inclina por estimar cierta la existencia de una general ley municipal flavia[10], de la que se haría eco la LI; otras copias de tal lex generalis aparecerian en las leyes de Salpensa, Málaga, y en otros fragmentos hallados en la Bética. Va mas lejos d’Ors que se remonta a un posible nexo morfogenéticco con su punto de partida en una lex Iulia municipalis que suele atribuirse a César (en mi opinión es dudosa esta atribución), y por lo concerniente al campo procesal a una lex Iulia de iudiciis privatis aludida en LI cap. 91 como proxime lata; de aquí deduce d’Ors que esta segunda lex Iulia (de Augusto, una de las duae leges Iuliae menciondas por Gayo) poco posterior al 17 a.C. es la que había llegado muy reformada a la época flavia, y que a su vez estaría subyacente en LI[11]. Esta segunda ley judicial augústea mencionada por Gayo 4,30: duae leges Iuliae, una iudiciorum publicorum y otra iudiciorum privatorum con las que quedaron abolidas las legis actiones, dio pié a Wlassak[12] a hablar de dos leges Iuliae de iudiciis privatis, una referida a los juicios en Roma y otra referida a los juicios privados en los municipios y colonias, tesis que d’Ors[13] considera persuasiva identificando la ‘segunda’ lex Iulia mencionada por Gayo con una ley municipal general de la que pretende ver huellas en LI cap. 85 que parece imponer las formulae iudiciorum, siendo este cap. 85 una repetición de la lex generalis augústea. A su vez aquellas leyes municipales augústeas plantean el problema de si se refirieran únicamente a las organizaciones administrativas situadas en territorio itálico, o si también pudieran concernir a municipios y colonias extraitálicos, algo no resuelto por Wlassak ni por d’Ors. Adelantando conclusiones diré que no creo que a finales de la República se promulgara una ley general municipal, siendo mas probable este hecho (pero tampoco indubitado) para la época flavia, como creo asimismo que cada ley municipal concreta tenía sus particularidades adaptándose a las circunstancias especiales de cada municipio, lo que no obsta a que entre las leyes municipales hispánicas haya muchos puntos de coincidencia y hasta pasajes literales iguales en cuanto eran leyes redactadas desde la óptica romana, pero si se advierten muchas coincidencias procesales, también se advierten divergencias, o si se prefiere, reglas de solución de problemas concretos que acaso se deberían a la litigiosidad especial de cada municipio, o a la propia importancia de cada uno.

 

El mismo [14] no deja de advertir que su tesis choca con algunos obstáculos; el principal es que la ley augústea sólo se refería a los municipios de Italia y no a los de las provincias, obligándose a plantear la razón de tal limitación que resuelve pensando que en el 17 a.C. sólo en Italia habría municipios romanos a los que pudiera interesar la promulgación de una ley romana, siendo los otros posibles municipios romanos extraitálicos a modo de simples extensiones analógicas, como había de ocurrir con la misma ficción del ius Latii[15]. Realmente estas conjeturas no resuelven el problema y el propio  reconoce que son cuestiones que requieren un estudio pormenorizado que falta por el momento, limitándose a señalar que la primitiva ley municipal augústea fue retocada (o interpolada según d’Ors) en tiempos flavios atribuyendo a Domiciano una nueva lex Flavia municipalis[16], siendo ese momento cuando se introdujeron las referencias a los gobernadores provinciales, no excluyendo interpolaciones posteriores en el tiempo que va de Augusto a Domiciano, sin perjuicio de las que pudieran ser propias de cada municipio y las disposiciones complementarias que se pudieron ir dando que se iban incorporando a cada ley municipal. Estas ideas no convencen a Luraschi[17] que no entiende prudente transformar aquella tesis en un dato que sea inimpugnable; ya había dicho Galsterer[18] que no hay la menor traza de una les municipalis de validez general ni de César, ni de Augusto ni de los Flavios. No obstante Luraschi no abandona tajantemente la existencia de una (entiendo que autónoma) lex Flavia municipalis. Realmente hay grandes coincidencias entre LI y leges Salpensana y Malacitana y desde luego se puede pensar en un planteamiento normativo inspirado en criterios uniformes y centralizadores tal como deja entrever Luraschi, aunque también considera que no puede considerarse seguro que tal modelo tuviese «la autonomia, la cogenza, la generalità di una legge in senso tecnico»[19], entendiendo al mismo tiempo que «è difficile negare <al tiempo de Domiciano> l’esistenza di un piano normativo ispirato a criteri uniformi e centralizzatori, almeno per i municipi flavi di Spagna».

 

            A mi modo de ver tengo la impresión que la discusión sobre la génesis de la LI reproduce la que en su momento suscitó la lex Rubria de Gallia Cisalpina[20] descubierta en Velleia (cerca de Piacenza) en 1760, y desde entonces considerada sin ninguna confrontación documento esencial para conocer el proceso civil romano de finales de la República, hasta que en 1915 Gradenwitz[21] sometió el texto – como dice Laffi –  a una despiadada crítica textual inspirada en el método interpolacionístico[22] dirigida a poner en evidencia lo que entendía eran sus incongruencias, inexactitudes, repeticiones y confusiones. Para Gradenwitz el texto del que disponemos es el resultado de una mala contaminación entre dos textos anteriores (‘Urtexte’), y que por haberse desviado de los dos textos originales aplica consecuencias jurídicas previstas para un caso a otros supuestos y a la inversa, de modo que conocer su contenido original y llegar a los Urtexte sólo podría lograrse descomponiendo el conjunto del texto que conocemos; de todo ello se deriva que Gradenwitz no creía ni de lejos que el texto conocido de la lex Rubria fuera un documento fidedigno. Contra esta crítica tan radical reaccionó Wlassak[23], las aguas volvieron a su cauce y hoy todos estimamos la utilidad de la lex Rubria para la historia del proceso extra Roma. Como acabamos de ver pueden advertirse ciertos paralelismos en la discusión de la lex Rubria y de la LI pero no voy a insistir sobre este problema.

 

Me voy a detener en un punto en mi opinión importante para el conocimiento de las actuaciones procesales y paraprocesales en provincias, que destruye una idea que se tenía por segura como era la competencia exclusiva del pretor en aquellos actos calificados por los juristas de época de los Severos magis imperii quam iurisdictionis, que los modernos procesalistas tomaron como afirmaciones irrefutables de los juristas romanos de finales del s. II d.C. y principios del III: los magistrados municipales no tenían competencia para pronunciarse en tal tipo de actos: interdicta, restitutiones in integrum, missiones in possessionem, stipulationes praetoriae. En todos los textos referentes al tema en la compilación justinianea es evidente que los magistrados municipales no tenían imperium, por lo que teóricamente no podían dictar aquellas providencias únicamente encomendadas al pretor en Roma y al gobernador romano en las provincias. Hoy en día la exclusión de los magistrados locales del pronunciamiento de estas providencias no se puede seguir manteniendo a pesar de las afirmaciones tajantes de los juristas severianos de los últimos tiempos clásicos. Desde luego no tenían imperium, pero esta carencia hay que matizarla en cuanto tenían un relativo ius gladii que los severianos calificaron como imperium merum (Ulp. D. 2.1.3). Pero ya De Martino[24] admitió un cierto imperium de los magistrados locales que sin duda tenían iurisdictio, y la misma LI confirma esta idea en cuando los dumviros podían dare iudicium, una de las máximas manifestaciones de la iurisdictio, aunque en mi opinión tenían una iurisdictio muy limitada tal como se deduce de la LI, que con todo es el texto mas amplio sobre la jurisdicción municipal (caps. 84 a 93).

 

 Paul. 1 ad ed. D. 50.1.26: Ea, quae magis imperii quam iurisdictionis magistratus municipalis facere non potest.

1. Magistratibus municipalibus non permittitur in integrum restituere aut bona rei servandae causa  iubere possideri aut dotis servandae causa vel legatorum servandorum causa.

 

Ulp. 2 de off. quaest. D. 2.1.3: Imperium aut merum aut mixtum est. merum est imperium habere gladii potestatem ad animadvertendum facinerosos homines, quod etiam potestas appellatur. mixtum est imperium, cui etiam iurisdictio inest, quod in danda bonorum possessione consistit. iurisdictio est enim iudicis dandi licentia.

 

Ulp. 1 ad ed. D. 2.2.4:  Iubere caveri praetoriam stipulatione et in possessionem mittere imperii magis est quam iurisdictionis.

 

 Ulp. 11 ad ed. D. 4.4.16.5:  Nunc videndum, qui in integrum restituere possunt, et tam praefectus  urbi quam alii magistratus pro iurisdictione sua restituere in integrum possunt, tam in aliis causis quam contra sententiam suam.

 

Me voy a detener especialmente en el campo interdictal (LI cap. 84), que en mi opinión y siguiendo las indicaciones de la LI, alarga el techo competencial de los magistrados locales en providencias no estrictamente jurisdiccionales, que a modo de analogía permiten hablar de una cierta cognitio (o notio) de los magistrados locales que de alguna manera podemos confrontar con el marco competencial de la cognitio del pretor en Roma y de los gobernadores romanos en provincias[25], y que por otra parte me obligan a rectificar algunas cuestiones que señalaba hace algunos años a propósito de estos temas manifestadas antes del descubrimiento de la LI[26]. Como dice Rodger[27] «procedure lies at the heart of any legal system and the Roman legal system is not exception. So when the discovery of the lex Irnitana brought us fresh material about the jurisdiction and procedure of the local magistrates and courts at Irni, it added greatly to our understanding of one of the central institutions of the first-century Roman World». No se puede decir que sea escasa la información que proporciona la LI sobre el proceso civil porque a ello dedica los caps. 84 a 93. Me interesa especialmente el cap. 84 que menciona la materia interdictal,  porque como muy señala Symshäuser[28] «vor allem enthält  cap. 84 eine detallierte Regelung der sog. sachlichen (gegenständlichen) Auständigkeit des munizipalen Gerichtsmagistrats mit einen Bestimmung quantitativer und qualitativer Zuständigkeitsgrenzen». Esta última precisión la desarrollaré mas adelante porque efectivamente los magistrados locales irnitanos estaban sujetos a una limitación según el valor de los litigios (según su cuantía en  terminología procesal española) fijada en un máximo de 1.000 sextercios. No me ocuparé en este trabajo de la limitación de la competencia de los magistrados irnitanos por el objeto del litigio (limitación por materia).

 

De la información de Gai 4. 138: Superest ut de interdictis dispiciamus, y Gai 4.139: Certis igitur ex causis praetor aut proconsul principaliter auctoritatem suam finiendis controversiis interponit. Quod tum maxime facit, cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos contenditur. Et in summa aut iubet aliquid fieri aut fieri prohibit. Formulae autem et verborum conceptiones, quibus in ea re utitur. interdicta decretave (vocantur), se ha derivado que los magistrados locales no podían emanar interdictos, y en general de los textos combinados de Paul. y Ulp. citados, no podían pronunciar ninguna de las providencias encuadradas genéricamente como actos magis imperii quam iurisdictionis, tesis que hoy no puede mantenerse, en primer lugar porque Gayo y posteriormente los juristas severianos no excluyen expresamente los interdictos de las competencias de los magistrados locales, y además contradice aquella tesis negativa la información que proporciona la LI, como también otros fragmentos de finales de la República. Es cierto también que procesalmente podemos decir de alguna manera y de modo genérico, que todos estos documentos tratan de la competencia de los magistrados locales en relación con la jurisdicción pretoria[29].

 

En una primera aproximación puede decirse que los llamados posteriormente actos magis imperii quam iurisdictionis, o al menos ciertos actos así calificados, podían ser llevados a cabo por los magistrados locales en la última época republicana y durante el primer Principado, competencia excluída en época severiana al conceptualizarse este tipo de providencias, lo que se debería a su vez al gigantesco proceso de paulatina formación de la cognitio extra ordinem con la centralización del sistema procesal especialmente abocado a la cognitio imperial y de sus funcionarios delegados (gobernadores en provincias, el pretor en la primera época imperial y los praefecti urbis y iuridici a partir de los Antoninos). Con estos planteamientos preliminares paso a examinar la LI utilizando la edición integrada de J. Gonzalez en JRS, 1986, con traducción del texto latino al inglés de M.H. Crawford, edición que supongo casi definitiva en cuanto admite correcciones, y de hecho ya se han introducido por posteriores analistas de nuestro documento[30], en las que no voy a entrar en esta sede (constantemente se están descubriendo en la Bética nuevos documentos epigráficos, a veces minúsculos que guardan relación con las leyes municipales españolas[31], que permiten ir completando de alguna manera lo que se sabe de aquella organización municipal.

 

LXXXIV.

 

R(rubrica). Quarum rerum et ad quantam pecuniam in eo municipio  i(uris) d(ictio) sit.

 

Qui eius municipes incolaeve erunt, qua de re ii inter se suo alterius nomine qui municeps incolave sit privatim intra fines eius municipi agere petere persequi volent, quae res HS (mille) minorisve erit, neque ea res dividua quo fraus huic legi fieret facta sit fiatve aut de capite libero deve maiore pecunia quam HS (mille) praeiudicum futurum erit sponsiove facta futurave erit, neque ea res agetur qua de re vi factum sit quod non ex interdicto decretove iussuve eius qui iure dicundo praeerit factum sit, neque de libertate, neque pro socio aut fiduciae aut mandati quod dolo malo factum esse dicatur, aut depositi, aut tutelae cum quo quis suo nomine quid earum rerum fecisse dicatur, aut lege Laetoria, aut de sponsione quae in probrum facta esse dicatur, aut de dolo malo et fraude, aut furto cum homine libero liberave, aut cum servo dum id ad dominum dominamve pertinebit, aut iniuriarum eum homine libero liberamve agetur; eave de re aliquid praeiudicium futurum sit de capite libero, de is rebus etiam, si uterque inter quos ambigeretur volet, de ceteris quoque omnibus de quibus privatim agetur neque in iis praeiudicium de capite libero futurum erit, et omnium rerum dumtaxat de vadimonio promittendo in eum locum in quo is erit qui ei provinciae praeerit futurusve esse videbitur eo die in quem ut vadimonium promittatur postulabitur; IIviri, qui ibi iure praeerit, iuris dictio, iudicis arbitri recuperatorum, ex iis qui ibi propositi erunt, iudici datio addictio, item eadem condicione, de eo quod HS (mille) minorisve erit, aedilis qui ibi erit iuris dictio iudicis arbitri re-ciperatorum ex eodem genere iudicique datio addictioque esto.

 

            LXXXV

 

            R(ubrica). Magistratus ut in publico habeant album eius qui provinciam optinebit exque eo ius dicant.

 

            Quaecumque edicta, quasve formulas iudiciorum, quasque sponsiones stipulationes satis acceptiones (praescriptiones) exceptiones praescriptiones quaeque interdicta iis qui ei provinciae praeerit in ea provincia proposita habebit, quae eorum ad iuris dictionem eius magistratus qui in municipio Flavio Irnitano iure dicundo praeerit pertinebunt, ea omnia in eo municipio, in suo magistratu, quotidie maiore parte cuiusque diei proposita proscriptaque habeto, ut de plano recte legi possint, et ad ea interdicta edicta easque formulas sponsiones stipulationes satis acceptiones exceptiones praescriptiones in eo municipio ius dicatur iudiciaque dentur fiant exerceanturve, et id quod adversus hanc legem non fiat, utique hac lege licebit, fiat sine dolo malo.

 

            Ciertamente la lista de derechos sustantivos sobre cuyos litigios podían conocer los magistrados locales es amplia, y lógicamente muchos de ellos ya ha suscitado la atención de los romanistas; también es amplia la lista de asuntos que no pueden conocer, pues en definitiva entiendo que tenían una jurisdicción muy limitada, tanto por materia, como por territorio y valor económico del asunto litigioso. El cap. 84 LI  arroja gran cantidad de datos sobre importantes cuestiones, tanto de estricto derecho privado (muchas de las cuales ya han sido analizadas[32] bien a propósito de este cap. bien en combinación con otros[33]), como en materias administrativas[34] y procesales[35]. Siendo la mas completa de las leyes epigráficas españolas, es la que proporciona mas amplia información procesal sobre la jurisdicción de los duumviros, de los ediles (cap.  18) y sobre las competencias de los questores (cap. 19) ut hac lege licebit, aunque es en el cap. 84 donde mejor se perfila la iurisdictio de los magistrados locales en materias muy concretas, señalando con precisión los límites de su competencia[36] dentro del territorio del municipio sobre los ciudadanos y los propietarios en una serie de cuestiones de derecho privado.

 

Respecto a los actos mas tarde llamados magis imperii quam iurisdictionis, sabemos por la lex Rubria que los magistrados locales podían dictar providencias en materia interdictal, confirmado por LI 84 lin. 7 y 85 lin. 33, que si a primera vista señala que solo podían conocer en casos de desacato a las órdenes interdictales de otro magistrado (probablemente tenía que referirse al gobernador de la Bética, y lo que se les precluía era conocer en casos de actiones ex interdicto), deja abierto el portillo a la posibilidad de pronunciar interdictos ellos mismos, con la limitación económica de que el objeto sobre el que debía versar la providencia no superara 1.000 HS. Probablemente en esta materia, como ha visto Laffi[37], debemos partir de una consideración fundamental: los poderes de los magistrados locales han sufrido una larga evolución desde el s. I a.C. a la época tardoclásica, evolución que justifica el hecho que algunas de las normas enunciadas en la lex de Gallia Cisalpina (ahora habría que añadir la LI), no se alinean con las formulaciones dogmáticas de los juristas tardoclásicos; sería contrario a buenos principios metodológicos poner de partida sobre un mismo plano testimonios separados por casi tres siglos en el caso de la lex Rubria, y uno en el caso de la LI, y todavía más pretender a toda costa hacerles concordar; en este sentido plantean bien el problema para la lex Rubria Laffi, Frederiksen[38] y Symshäuser[39], argumentos que a mi modo de ver pueden aplicarse mutatis mutandis a la LI.

 

            Los tardoclásicos excluyeron de la competencia de los magistrados locales aquellos actos que definieron magis imperio quam iurisdictionis[40], categoría en la que incluían las restitutiones in integrum, missiones in possessionem rei servandae causa (dotis servandae causa, legatorum servandorum causa) y las stipulationes praetoriae (Ulp. D. 2.1. 4; Paul. D. 50.1.26). Pero estos actos imperii a finales desde mediados del s. I a.C. (Lex Rubria) y finales del I d.C. (LI)  podían ser ordenados por los magistrados locales como lo prueban estos documentos, y al igual que los autores se preguntan el fundamento de este conocimiento en la lex Rubria, del mismo modo puede plantearse en la LI: ¿era un poder particular concedido explícitamente por la ley municipal[41], o se trataba de poderes inherentes a aquellas magistraturas locales[42]? El problema se plantea con estos mismos perfiles en ambas providencias legislativas pero con una diferencia fundamental, porque mientras la lex Rubria se movía dentro de los esquemas del ordo iudiciorum privatorum, la LI mas bien se enmarca dentro de los primeros pasos de la cognitio extra ordinem con la progresiva concentración de poderes en el emperador por lo que respecta a los interdictos, parte de la doctrina tiende a excluirlos de los actos magis imperii quam iurisdictionis (me parece dudoso), pero en todo caso se entendió durante mucho tiempo que eran extraños a las competencias locales, y sin embargo ya podían ordenarlos en la Lex Rubria al decretar la remissio en casos de operis novi nuntiatio[43], poderes que en la LI aparecen notablemente ampliados. A d’Ors[44] llama la atención sobre la inclusión de los interdictos como expedientes más de imperium que de propia iurisdictio, que no siendo competencia de los magistrados locales, su presencia en la lista de la LI parece indicar que al menos por lo que se refiere a los municipios no era absoluta la exclusión a la notio de los magistrados locales; no se puede dudar que en LI 84 se hace mención de las acciones por desacato a un interdicto y no hay que excluir que esto se refiera a interdictos decretados por el mismo magistrado local y no necesariamente por el pretor (cuya función en provincias la ejerce el gobernador).

 

            Pero sobre todo, para tratar de dar un fundamento a la competencia de los dumviros locales en materia de interdictos, hay que pensar que al igual que en Roma en que el pretor actuaba mediante interdictos en situaciones no tuteladas – al menos originariamente – por el ius civile, es mas cierto, como dice Luzzatto[45], que la intervención del pretor aún donde pueda estar subyacente una norma iuris civilis, no se refiere a ésta sino a la tutela de una situación de facto. Entiendo que del mismo modo en las actuaciones de los magistrados locales irnitanos, por ejemplo en materia de operis novi nuntiatio, la ampliación de sus competencias traía su fundamento de la misma ley municipal, que probablemente, y ahora referido específicamente a los interdictos, por motivos de urgencia y de dar respuesta inmediatamente a los requerimientos de los ciudadanos, los dumviros sobre la marcha – en mi opinión después de realizar una sumaria cognitio del asunto – decretaban el oportuno interdicto[46]. ¿Supone esto una ampliación de competencias de los magistrados locales? Tengo mis dudas sobre ello, porque al concederse estas competencias a aquellos magistrados y al mismo tiempo fijarse unos límites cuantitativos máximos – 1.000 sextercios – a su campo de conocimiento, que no podían exceder a no ser que ambos litigantes estuvieran de acuerdo en seguir el proceso ante los magistrados locales, no está claro si se debe a una ampliación de competencias o al ejercicio de un mayor control por el gobernador de la vida jurídica de aquella comunidad dejando los asuntos de escasa cuantía a los dumviros, que es la explicación que me parece mas persuasiva.

 

Este punto ha sido visto muy claramente por d’Ors[47] al destacar que al ordenar la LI publicar el edicto del gobernador, su edicto propiamente sustituía al del pretor, por lo que considera mas probable que en provincias no hubieran realmente fórmulas procesales a pesar de lo ordenado en el cap. 85. En este sentido añade d’Ors, que era natural que si el gobernador como juez superior actuaba ‘cognitoriamente’, las instancias jurisdiccionales inferiores tampoco se acomodarìan al procedimiento ordinario per formulas, y aunque en la LI se hable de vadimonium[48], de un iudex unus y de recuperatores elegidos por las partes litigantes, no parece haber verdadera bipartición del proceso, y la litis denuntiatio que se deriva del texto irnitano corresponde mejor a un tipo de proceso que podemos llamar ‘cognitorio’. Tiene razón d’Ors que estamos en una zona de sombras acerca de en qué medida este proceso municipal de provincias se ajustaba realmente al urbano ordenado por el pretor, al que expresamente la ley aparenta aproximarse. En efecto vemos como en LI 84 se enumeran una serie de reglas que lógicamente venían acogidas en el edictum praetoris urbani como edicta, formulae iudiciorum, sponsiones, stipulationes, satis acceptiones, exceptiones, praescriptiones, interdicta. 

 

            Todas estas cláusulas propias del edicto urbano por supuesto que podrían haber sido recogidas en el edicto provincial, pero es muy temerario hablar de un edicto provincial genérico válido para todas las provincias como piensa algun sector de la romanística sugestionado por el pretendido carácter generalizador que se deriva del comentario de Gayo ad edictum provinciale; por el contrario hay que pensar que la situación sería distinta en cada una de las provincias como se deriva del edicto de Cicerón para Cilicia, que es el mas estudiado. ¿El gobernador romano de Córdoba, capital de la Bética, podría haber promulgado un edicto de este tenor recogiendo para esa provincia las reglas del pretor de Roma con tantas cláusulas pormenorizadas como aparecen en LI? Necesariamente la respuesta tiene que ser afirmativa, pero el hecho es que no tenemos evidencias incontestables, aunque la lex Rubria, las leyes epigráficas españolas, y especialmente la LI, evidentemente promulgadas desde el poder político romano, tenían que recoger las reglas usuales por las que discurría la vida jurídica corriente en Roma adaptándolas a las particularidades propias de cada región; esta afirmación autoritaria en la imposición de reglas jurídicas en las provincias es evidente en LI cuya promulgación fue obra del emperador Domiciano que viene citado repetidamente. Entiende d’Ors[49] que el modelo de la LI se referìa, al menos principalmente, al edicto del pretor de Roma, y sólo la adaptación de la ley a las ciudades provinciales españolas que después de Vespasiano asumieron el rango de municipia, causó la atribución de este edicto al gobernador. Según d’Ors las referencias jurisdiccionales de LI 85 debían corresponder lógicamente al régimen de los municipios itálicos subordinados al pretor, pero no habrían tenido una aplicación real al extenderse la ley a los municipios provinciales subordinados al gobernador que era el verdadero presidente de la jurisdicción en su provincia. Entiende d’Ors que al introducirse la mención del gobernador en vez de la del pretor, se vino a atribuir al primero un edicto que no era propiamente el del pretor; se mantuvo, pues, una referencia al edicto que no correspondía ya a la realidad de una provincia y de un municipio provincial, y concluye afirmando que la lex Flavia municipalis modelo de la LI así como de las otras leyes municipales conocidas (Salpensana, Malacitana) eran como una nueva edición reformada de la lex Iulia municipalis de Augusto, rectificando en este punto la exagerada crítica de Gradenwitz al declarar d’Ors que las interpolaciones observables en las copias flavias, deben atribuirse precisamente a aquella reforma adaptadora a las provincias de una ley que originariamente se destinaba a los municipios itálicos, considerando que a pesar de las mayores o menores interpolaciones en el texto de la ley flavia, debe admitirse que conserva fundamentalmente el texto de la ley municipal augústea, que por lo que respecta al derecho procesal coincidía con la lex Iulia de iudiciis privatis subyacente en la lex Flavia generalis y por consiguiente en la LI, que desde este punto de vista no es otra cosa que un reflejo de aquella ley procesal de Augusto en todo aquello que no dependiera de su adaptación  los municipios.

 

            La reconocida autoridad científica de d’Ors es evidente, y no seré yo quien la ponga en duda, pero su argumentación no tiene una base indubitable en cuanto no conocemos el contenido de la lex Iulia de iudiciis privatis, ni tampoco hay base para sostener la evidencia de la existencia de una augústea lex municipalis que hay que derivar de las concomitancias entre los diversos documentos epigráficos municipales; yo no digo que no sea cierto que como defiende d’Ors, buena parte de lo dispuesto en la lex Iulia de iudiciis privatis lo podamos recuperar en la lex Iulia municipalis y su adaptación transformadora en la lex Flavia municipalis, pero de producirse los acontecimientos de este modo mucho tuvo que transformar la ley flavia para adaptar los principios romanos a los municipios provinciales partiendo de la ley augústea que solo tenía in mente los municipios itálicos. La situación política y administrativa de los municipios españoles era muy diversa, y esto se advierte desde la famosa Tabula Contrebiensis que refiere unos acontecimientos procesales entre vascones y zaragozanos del 87 a.C. que hacen pensar que para aquella época se daba en provincias un procedimiento formulario sin fórmulas[50].

            Sin duda alguna la LI reflejaba la situación procesal de aquel municipio, en mi opinión dictada entre otros fines para limitar la competencia de la jurisdicción municipal, de un lado en cuanto a la materia; de otro en cuanto a la cuantía del asunto litigioso. En cuanto a la materia LI 84 excluye a los dumviros, sea cual sea su cuantía, las siguientes acciones infamantes (que enumero siguiendo la clasificación de d’Ors[51]):

 

a)     Acciones criminales o que las prejuzguen.

b)     Acciones sobre desacato a un interdicto, decreto o iussum del magistrado.

c)      Acción sobre el status de libertad.

d)     Acciones contractuales de sociedad, fiducia y mandato[52], pero siempre que la condena sea por dolo malo y no solo por negligencia del demandado (culpa).

e)     Acciones de depósito y de tutela cuando resulte condenado el mismo depositario o tutor.

f)        Actio legis Laetoriae.

g)     Acción por una sponsio in probrum.

h)      Actio de dolo et fraude.

i)        Actio furti y actio iniuriarum contra un hombre libre.

j)        Actio noxalis por hurto cuando el juez considere que hubo complicidad del dueño.

 

            A la luz de estos datos me atreveria a decir que desde el punto de vista  procesal la LI es ante todo una ley limitadora de la competencia de los magistrados locales, una ley restrictiva tanto por materia[53] como por cuantía (de lo que hablaré seguidamente), y creo que tiene razón d’Ors cuando señala que es una ley planteada ‘cognitoriamente’. En mi opinión la LI exagera en alto grado el poder jurisdiccional supremo del gobernador provincial, alter ego del emperador en la provincia bajo su mando en momentos en que la antigua distinción entre provincias senatoriales e imperiales tendía a difuminarse para resplandecer ante todo el poder supremo imperial. Sin embargo la propia LI deja un portillo abierto al conocimiento de los jueces locales en cuanto los particulares pueden someter sus litigios ante su jurisdicción siempre que los litigantes estuvieran de acuerdo precisamente sobre este punto, lo que hoy llamamos en términos procesales de nuestros días, reserva de jurisdicción convenida inter partes. Pero tal como viene planteada esta cuestión en la LI yo no me atrevería a decir que se enuncia como un homenaje a la jurisdicción municipal que vería de este modo ampliadas sus competencias, sino como un beneficio especial concedido a las partes cuando acuerden someterse precisamente a esa jurisdicción local. Solo en este caso aquellas acciones infamantes que en principio estaban vetadas a los jueces locales, podían ser sentenciadas por éstos, como asimismo eran competentes los dumviros para decidir sobre el vadimonium de presentación ante el tribunal del gobernador provincial. Quedaba excluído absolutamente el conocimiento por los dumviros de las causas criminales.

 

            Otro problema que se deriva del enunciado de LI 84 es el referido a la limitación de las competencias de los magistrados locales por razón de la cuantía: se enuncia repetidamente que sólo podían conocer en procesos civiles cuyo valor fuera igual o inferior a 1.000 sextercios, algo que plantea los siguientes puntos interrogativos que me planteaba hace algunos años[54]: ¿Hasta qué cantidad eran competentes los magistrados municipales? ¿Cuál sería el contenido efectivo de su iurisdictio? ¿Surgiría limitada la jurisdicción municipal? Es obvio que el interrogante tercero solo puede tener respuesta afirmativa. Los otros dos interrogantes no tienen una respuesta unívoca pues como se deriva de la documentación epigráfica ad hoc puede haber variaciones entre los techos competenciales locales, y respecto al tema de la iurisdictio la respuesta tiene mucho que ver con el concepto de iurisdictio local lo cual encierra muchos problemas, del mismo modo que los encierra para la propia Roma en cuanto fue un concepto en continua evolución hasta su fijación mas o menos definitiva con la cognitio extra ordinem, tema resuelto con suma solvencia por Luzzatto.

 

            ¿Qué fundamento tiene limitar la competencia de los magistrados locales irnitanos a procesos civiles de cuantía igual o inferior a 1.000 HS? En este punto falla una de las previsiones de d’Ors de hallar un fundamento cohesionante de la legislación municipal en las pretendidas leyes augústeas, ni incluso en la pretendida ley municipal flavia en cuanto en la lex Salpensana no se previene nada al respecto, y en la Malacitana se da a entender un límite monetario que sin embargo no viene cuantificado (que en todo caso es probable que fuera superior al de la LI.) Me parece evidente que no había una limitación general para todos los municipios, sino que los límites eran diversos y para situaciones también diversas. Mi tesis[55] es que era la ley institutiva municipal base de la organización jurisdiccional la que fijaba los limites competenciales de esta jurisdicción. Tenemos tres ejemplos de ello: el fragmentum Atestinum, la lex Rubria y la lex Malacitana (que sin embargo en los fragmentos que la recogen no viene señalada la cuantía máxima cognoscible por los dumviros); ahora tenemos que añadir a esta lista la LI. El fr. Atestinum fija un límite máximo de 10.000 HS; la lex Rubria lo fija en 15.000; la lex Malacitana (cap. 69) por el contrario establece un límite mínimo (1.000 HS) pero no menciona un límite máximo por estar la ley mutilada en este punto, (es significativo por ser también de época flavia, que en el tema que nos interesa arroja una gran diferencia entre las jurisdicciones locales de Málaga e Irni), y la LI fija el límite máximo de 1.000 HS. Sin entrar en los particulares de los tres primeros textos de los que me he ocupado en otro trabajo y que son relativamente secundarios a los efectos de mi argumentación, es evidente la imposición de límites económicos a la jurisdicción municipal. Que hubieran diferentes techos competenciales económicos en la jurisdicción local es algo sabido, tema que conocían por lo menos los juristas tardoclásicos. Al respecto es significativo

 

            Paul. Sent. 5.5a.1: Res iudicatae videntur ab his qui imperium potestatemque habent vel qui ex auctoritate eorum inter partes dantur, itemque a magistratibus municipalibus usque ad summam, qua ius dicere possunt.

 

            Las diferencias económicas entre el fr. Atest. (que sitúo en el 45 a.C.) y la lex Rubria (42 a.C., aunque siempre queda la duda sostenida por muchos autores de si no fueran dos documentos de una misma norma) las explicaba en 1972 conectándolas con la tendencia inflacionista del ultimo siglo de la República y sobre todo con las turbulencias económicas y devaluaciones de la moneda posteriores a la Guerra Social, explicación que no parece convencer a Symhäuser[56]; a día de hoy me reafirmo en lo que decía entonces, añadiendo que a la luz de la LI indudablemente eran distintos los techos competenciales por cuantía en los municipios itálicos que en los españoles de época flavia.  Entiendo que la teoría económica es perfectamente aplicable en derecho[57] y me he valido de ello en algunos trabajos romanísticos[58]; hoy en día ha disminuído considerablemente la desconfianza hacia trabajos proyectados econométricamente y entiendo que si la economía necesita del derecho (pensemos en los riesgos regulatorios actuales, en las diferentes tasas de interés tanto en el mundo antiguo como en el actual que condicionan las decisiones de los operadores económicos), también el derecho necesita de la economía.

            No dispongo de series históricas de la marcha financiera de la Hispania romana, pero si comparamos la lex Mal. con LI se advierte una gran diferencia[59], porque en la primera no se señala límite máximo al conocimiento de los magistrados locales (y no dudo que alguno debiera haberse fijado[60]), mientras que en Irni el límite máximo parece muy bajo[61]. Desde este punto de vista no me cabe duda que la LI es una ley de control (por el gobernador romano) y no tanto de ampliación de la autonomía municipal, y me parece mas importante su conocimiento para el estudio de la organización administrativa municipal que para la vertiente puramente procesal. Que es una ley de control se deriva de esta limitación económica al poder jurisdiccional local y al respecto es terminante la LI: la cantidad de 1.000 HS[62], que aún es menor en casos de juicios de pecunia communi: 500 HS (LI cap. 69)[63]. La exclusión de la competencia de los dumviros irnitanos es terminante; esta cantidad máxima no puede ser dividida en fraude de ley; no puede dividirse en dos juicios distintos, y por otro lado esta prohibición queda en nada si las partes acuerdan que su controversia sea enjuiciada por los magistrados locales, concertación inter partes que Paulo y Ulpiano admitirán un siglo mas tarde.

 

             Paul. 1 ad ed. D. 50.1.28:  Inter convenientes et de re maiori apud magistratus municipales agetur.

 

            Paul. 2 ad ed. D. 5.1.1: Si se subiciant aliqui iurisdictioni et consentiant, inter consentientes cuiusvis iudicis, qui tribunali praeest vel aliam iurisdictionem habet, est iurisdictio[64].

 

            Gonzalez[65] inapropiadamente pone en relación el fragmento paulino con LI  84 lin. 17 de is rebus etiam, pero el acuerdo mencionado en LI no tiene nada que ver con sumas superiores a 1.000 HS. sino con la relación de asuntos que por su materia quedaban excluidos del conocimiento de los magistrados locales. Según Rodger[66], de haber acuerdo sólo se referiría a las materias enumeradas en la propia LI, exceptuados todos los demás casos. Ciertamente que contamos con suficientes textos que permiten hablar de derogación de la competencia de los magistrados, pero cabe siempre la duda de si esta derogación sólo se refería a los magistrados de los municipios in solo italico a los que el pretor podía delegar la iurisdictio[67] autorizando el acuerdo entre las partes para ello[68]. Este tema nos lleva al problema de si los magistrados locales veían aumentadas sus competencias o por el contrario venían fuertemente limitadas a las cuestiones citadas en las leyes municipales, que es lo que en mi opinión ocurrió en la LI. Symshäuser[69] entiende que la atribución de las competencias ya venía prevista en la lex Iulia de iudiciis privatis, considerando que la frase ulpianea quo minus inter privatos conveniat hay que ponerla en relación con la elección convencional entre el praetor urbanus y el peregrinus, algo de alguna manera previsto por Pugliese[70] que tiene en cuenta Afr. 7 quaest. D. 2.1.18: Si convenerit, ut alius praetor, quam cuius iuridictio esset, ius diceret... para sostener conveniat se refiere a alius praetor pro alio. Creo que en materia de elevación del  valor económico del asunto no cabe ningún tipo de acuerdo, el litigio debe llevarse directamente ante el gobernador y el magistrado local abstenerse de su conocimiento, aunque es discutible esta interpretación a la vista de las lin. 18 y 19 del cap. 84, pero si se entiende que la LI es una ley de control y no de ampliación de las competencias de los magistrados locales, se explica entonces aquella tajante limitación del techo competencial de los dumviros, interpretación que puede verse confirmada en el cap. 69 lin. 11-13 que trata de los procedimientos de pecunia communi en que el techo competencial se sitúa en 500  HS.

 

            Aún admitiendo la ampliación convencional del límite máximo de valor señalado en la LI, cabe la duda en lo que respecta a la competencia por materia si esta ampliación convencional podía referirse a las actiones famosae que sin embargo estaban excluídas en el cap. 84. Symshäuser[71] admite esta ampliación convencional incluso para las actiones famosae, pero no está muy seguro si además de ello podían superar el límite de 1.000 HS (apparemment sans avoir à respecter la limite di 1.000 HS). También hay que decir que el fr. Atest. que recogía límites a la competencia de los magistrados locales por materia y por valor, también predicaba la derogación a estas prohibiciones por convenio entre las partes: sei is, a quo petetur quomve quo agatur de ea re in eo municipio colonia praefectura iudicio certare <volet>[72] , texto que suscita el problema ya apuntado que no eran iguales las situaciones de los municipios in solo italico que en las provincias españolas; los primeros porque aún seguían siendo operantes los condicionantes posteriores a la Guerra Social, y la concesión por César de la ciudadanía romana a los habitantes de la Galia Cisalpina en el 49 a.C., mientras que los españoles se movían en el ámbito de la latinidad concedida por Vespasiano en el 74 d.C. En todo caso y por lo referente a la LI  cualquiera que sea la postura que se tome sobre la delimitación de la competencia de los magistrados municipales, en el cap. 84 lin. 5 ss., 17 ss. (de is rebus etiam, si uterque inter quos ambigeretur volet, de ceteris quoque omnibus de quibus privatim agetur neque in iis praeiudicium de capite libero futurum erit) de ningún modo podían dictar providencia alguna en casos conducentes a un praeiudicium de capite libero o conexionadas con tal praeiudicium[73].

 

            ¿A qué se debe este límite tan bajo de la competencia de los magistrados irnitanos? Para dar respuesta a esta cuestión no vale exclusivamente la teoría económica, que también; yo ya he avanzando que la LI es una ley de control; se puede conjeturar que probablemente Irni era un municipio de no gran población, aunque sus 63 decuriones hacen pensar en una población de varios miles de habitantes[74]; sin grandes recursos económicos (sin grandes haciendas agrarias ni minas, una ciudad de muy bajos perfiles, pues de otro modo Plinio la hubiera mencionado) aunque sí los suficientes para pagar las costosas diez tablas de bronce en las que se inscribió la LI; tampoco requería para acceder a las magistraturas locales una gran fortuna: solamente 5.000 HS[75] y una edad mínima de 25 años; probablemente sus asuntos litigiosos eran de escasa cuantía económica[76], quizá situado en algún lugar de la serranía andaluza entre Sevilla y Ronda en la que por benignidad del clima hubiera encontrado acomodo algún destacado ciudadano romano que promoviera aquel particular estatuto municipal; se pueden señalar al respecto muchas causas explicativas de aquella cuantía tan baja, todas conjeturables; entiendo que ninguna de ellas tomada aisladamente es suficientemente persuasiva[77] por lo que prefiero creer que el texto irnitano era ante todo una norma de control[78], traspasando la explicación genética desde un plano económico al plano político-organizativo al que da pié la misma LI con sus prolijas enunciaciones sobre la organización del municipio. Quizá en este sentido la LI es la última de las grandes enunciaciones programáticas romanas para la organización municipal, por supuesto un acto normativo de difícil connotación, y como señala Luraschi[79] quizá se diferencie de otros (de Vespasiano, Tito y del mismo Domiciano[80]) que lo han precedido, solamente porque es el último, el mas circunstanciado y completo, y por tanto el mejor adaptado a ser considerado como el estatuto definitivo de las comunidades latinas de España; nunca podemos dejar de lado que Irni era un municipio latino, además de reciente latinidad, y de ahí sus particularidades.

 

Si se deba ver su antecedente en una lex Iulia municipalis o en una lex Flavia del mismo tenor reformadora y adaptadora de la ley augústea como piensa d’Ors, es ya mas problemático y el propio Luraschi[81] lo pone en duda considerando que se podría ir mas lejos y entender que la proliferación de leyes españolas en época de Domiciano no refleja una real fecundidad legislativa del momento, sino simplemente el iussus generalizado (que sería impropio llamarlo ley) del último emperador flavio de exponer públicamente los ya existentes estatutos de colonias y municipia, tal como pensaba Mommsen[82] a propósito de la lex Ursonensis (como se sabe de época cesariana pero publicada en época flavia), idea que Luraschi[83] cree extensible a todas las comunidades españolas desde el momento que quizá reflejaba «la volontà di rinvigorire le istituzioni cittadine (in senso democratico?) e con esse le vita stessa delle città[84]». Yo no pienso en una finalidad específica de «rinvigorire le istituzioni cittadine in senso democratico» aunque admito que pueda tener esta apariencia, ni tampoco pienso en la existencia de una auténtica lex Flavia municipalis, al menos como dice d’Ors[85] no en el sentido de que Domiciano hubiera dado una nueva ley municipal pues en esa época hacía tiempo que había desaparecido la actividad legislativa tal como se producía en la época republicana, aunque inmediatamente d’Ors la conecta con una reforma importante de la ley municipal (entiendo que se está refiriendo a la augústea) para su aplicación en  provincias, y precisamente en relación con el desarrollo de la municipalidad en Hispania a consecuencia de la concesión del ius latii por Vespasiano, de manera que el estatuto municipal no fue objeto de una nueva promulgación sino simplemente ‘dado’ por Domiciano a los municipios flavios[86].

 

Este rebajamiento de rango del estatuto irnitano parece convencer a Luraschi cuando señala que Domiciano no habría procedido a una nueva edición puesta al día de los textos precedentes, tesis que pretende ver probada en el añadido extravagante de LI  97 y en la epistula añadida[87], que de haber procedido de otra manera se habrían colocado dentro de la ley, y en sedes mas oportunas; por otro lado entiende que de haber habido una providencia imperial generalizadora habría sido el edicto de Vespasiano (citado en LI caps. 19, 20, 22, 23, 40, 80) concediendo el ius Latii a los españoles. Esta sería la providencia según Luraschi[88] que planteó la estructura constitucional básica de las comunidades destinatarias del Latium, imponiendo la elección de los magistrados según el modelo romano y reconociendo o reconstituyendo el senado; con ello Luraschi supera la tesis de Braunert[89] que el edicto de Vespasiano sólo hacía referencia al status personarum mientras que otras leyes distintas regularían la organización municipal. Por mi parte ya he avanzado que las leyes municipales otorgadas por Roma, y singularmente la LI  las considero leyes de control otorgadas por la potencia dominante al municipio o colonia respectivo, y que asimismo envuelven un cierto comparativismo entre el derecho romano y los derechos locales[90], pues las diferencias en el contenido de figuras concretas en cada una debían tener en cuenta o bien el derecho local respectivo, o bien su grado de romanización, lo que ya envuelve consciente o inconscientemente un punto de partida comparativo.

 

Indudablemente las ciudades ibéricas no tenían el nivel cultural de las ciudades griegas a quienes Roma permitía suis legibus uti. De lo que sabemos por los edictos de Lucullo para Asia Menor entre el 72-70 a.C.; de Cicerón para Cilicia del 51 a.C.[91], y de Plinio el Joven para Bitinia entre el 111-112 d.C., es significativo que estos edictos provinciales fueron dictados para territorios orientales, en los que el gobernador romano tomó elementos locales para la redacción de su edicto, pero nada de esto se refleja en las disposiciones flavias para los municipios ibéricos de derecho latino, cuyas disposiciones, según las tesis de diversos autores, fueron tomadas del pretor de Roma, o de una pretendida lex Flavia municipalis, o de una lex Iulia municipalis de Augusto (o de César para el caso de la lex Ursonensis), o de una augústea Lex Iulia de iudiciis privatis. En ningún caso parece que hubieran resistencias locales al sometimiento a la ley romana, sobre todo si tenemos en cuenta que Roma se instala establemente en España desde el 218 a.C. y que en el 197 se fundan las primeras provincias españolas, y que la misma Bética estaba muy romanizada como lo prueba el pro Balbo de Cicerón. Desde este punto de vista el tema fundamental que plantea la LI es el derecho aplicado en provincias, y en nuestro caso, el aplicado concretamente en aquel ámbito municipal de derecho latino, que desde luego tal como se desprende de LI era el derecho romano, no el derecho romano puro tal como se aplicaba en la urbs, lo que además sería sumamente difícil para fijarlo el gobernador en su edicto pues no estaba recogido en leyes o cuerpos doctrinales cerrados, sino que se venía desenvolviendo en los edictos pretorios, en los responsa de los iurisprudentes, y en escasísima medida en leges publicae aprobadas en los comicios populares (y de ahí la minuciosa reglamentación de los comicios municipales queriendo evocar una situación que en Roma estaba por periclitar).

 

¿Qué derecho se aplicaba a los irnitanos de derecho latino? Obviamente a aquellos novi cives que en virtud del edicto de Vespasiano habían alcanzado la ciudadanía romana se aplicaba el ius civile sustantivo, aunque en su vertiente procesal quedaban excluídas a los magistrados jurisdiccionales locales ciertas acciones (las actiones famosae, por ejemplo), y el conocimiento de asuntos cuya cuantía fuese superior a 1.000 HS; por consiguiente limitaciones por materia y cuantía cuyo conocimiento quedaba reservado al gobernador provincial. Se reconoce la función jurisdiccional de los magistrados irnitanos; entiendo que pueden pronunciar providencias en el campo interdictal, y que tenían cierta competencia en procesos civiles si las partes convenían acatar su jurisdicción, pero en esencia la LI me parece una ley restrictiva, propia de una cierta altivez de Roma hacia los territorios occidentales romanizados, que obviamente no tenían el tratamiento de los ciudadanos de la urbs ni el de los territorios in solo italico, como se desprende de la comparación entre los documentos que afectan a la península itálica y los concernientes a la península ibérica.

 

Armando Torrent

Catedrático de derecho romano. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

E-mail: armando.torrent@urjc.es

 

 

 

RESUMEN

 

            El descubrimiento de la lex Irnitana en 1981, aunque faltan cuatro tablas para estar completa habiéndose podido reconstruir los capítulos que faltan mediante las citas similares de otras leyes epigráficas españolas, ha sido un acontecimiento feliz para la ciencia romanística y para aumentar nuestro conocimiento de la situación jurídica en los municipios flavios de derecho latino. Mi tesis es que la lex Irnitana significa sobre todo una ley de control de la jurisdicción municipal desde la óptica de la dominación romana, adaptando de alguna manera unos esquemas formularios que ya iban siendo arrumbados en la urbs. Para ello me fijo en dos figuras: de un lado la competencia de los magistrados locales en el campo de los interdictos, materia que siguiendo la técnica de los juristas de época severiana, principalmente Paulo y Ulpiano, muchos autores modernos encuadran dentro de los llamados actos magis imperii quan iurisdictionis que en principio los juristas severianos excluían de su conocimiento a los magistrados municipales. Esta tesis no se compadece por lo que sabemos por la lex Irnitana y anteriormente por otros fragmentos de jurisdicción local como el Fragmentum Atestinum y la lex Rubria de Gallia Cisalpina, aunque a este respecto debemos partir de una diferencia fundamental: la diferencia entre los municipios in solo italico por un lado, y los municipios provinciales (como los españoles, especialmente de la Bética) por otro. Estas diferencias ayudan a explicar otro de los hallazgos de la lex Irnitana de las que me ocupo en este trabajo: la exclusión al conocimiento de los magistrados locales de asuntos cuyo volumen económico fuera superior a 1.000 sextercios, lo que implica una limitación por cuantía a la competencia de aquellos magistrados; por el contrario en los fragmentos de jurisdicción municipal in solo italico la limitación era de 10.000 HS en el Fragmentum Atestinum y de 15.000 en la lex Rubria.

 

ABSTRACT

 

After the discovery of the Lex Irnitana at 1981, uncompleted, only known six of ten chapters, has been completed  with several chapters of the leges Salpen­sana and Malacitana. My idea is that the lex Irnitana was a law of control and not of autonomy of provincial territories, specially control of the municipal iurisdictio. But the the law consents that local magistrates could iussue provi­dences in matter of execution of interdicts, and therefore it’s possible for them to order interdicts, something possible in the Lex Rubria. With the mu­nicipal epigraphic texts on must revise the corrent thesis the local magistrate didn’t issue acts magis imperii quam iurisdictionis. One main idea are the differ­ences between the municipal legislation for the municipies in solo italico, and for the municipies in provinces. On the other hand, so the italic municipies, so the provincials, had financial limitations that restrict the competence of local magistrates, 10.000 HS in Fragmentum Atestitum, 15.000 in Lex Rubria, and 1.000 in Lex Irnitana.

 

 

 

 


[1] Una primera consideración general de nuestro documento la dió M.T. Gimenez Candela, La lex Irnitana. Une nouvelle loi municipale de la Bétique, en RIDA,  XXX,  1983, 125 ss. ; A. d’Ors, Nuevos datos de la ley Irnitana sobre la jurisdicción municipal, en SDHI,  XLIX,  1983, 18-50; Id., De nuevo sobre la ley municipal, en SDHI, L, 1984, 179-198; La ley Flavia municipal, en AHDE, LIV, 1984, 535-573;  Vid. F. Fernandez gomez, M. Del Amo y De la Hera, La ‘lex Irnitana’ y su contexto arqueológico, Sevilla, 1990. La edición definitiva (o casi definitiva) se debe a J. Gonzalez, The ‘lex Irnitana’. A new copy of the Flavian Municipal Law, en JRS, LXXVI, 1986, 147-243, con traducción del texto latino al inglés por M. Crawford; digo casi definitiva porque tengo la impresión que aún queda tarea por hacer: vid. las atinadas sugerencias de X. d’Ors, Algunas consideraciones sobre “variantes” y errores en las distintas copias de la lex Flavia municipalis, en Liber amicorum Juan Miquel, Barcelona, 2006, 749-803; A. d’Ors, La ley Flavia municipal, Roma, 1986; A. d’Ors, X. d’Ors, ‘Lex Irnitana’. Texto bilingüe, Santiago de Compostela, 1988, obra realizada después de la edición definitiva de J. González;  add. J. Gonzalez, El ‘ius Latii’ y la ‘lex Irnitana’, en Athenaeum, LXXV, 1987, 317 ss.; Id., Bronces jurídicos romanos de Andalucía, Sevilla, 1990, 51 ss.; Id., Reflexiones sobre la ‘lex Flavia municipalis’ en SDHI, LXI, 1995, 803 ss.; F Lamberti, ‘Tabulae Irnitanae’. Municipalità e ‘ius romanorum’, Napoli, 1993; cfr. la Rec. de A. d’Ors, Sobre la legislación municipal, en Labeo, XL, 1994, 89 ss.

[2] Decía hace casi cuarenta años, A. Torrent, La ‘iurisdictio’ de los magistrados municipales, Salamanca, 1970, 10, que en aquellos momentos la literatura jurídica sobre el proceso provincial era bastante escasa siendo mas abundante sobre organización administrativa que sobre problemas procesales. Hoy con la gran floración de estudios suscitados por la LI no podría sostenerse lo que decía entonces, y estoy de acuerdo con A. Rodger, The jurisdiction of local magistrates: chapter 84 of the lex Irnitana, en ZPE, VIII, 1990, 147,  que la LI «is of oustanding important for our understanding of Roman Law».

[3] H. Galsterer, Municipium Flavium Irnitanum: a latin town in Spain, en JRS, LXXVIII, 1988, 78 ss.

[4] A. d’Ors, Nuevos datos, cit., 23 ss.; Id., Ley ‘Flavia municipal’, cit., 33 ss.

[5] Vid. H. Mourgues, The so-called letter of Domitian at the end of the ‘lex Irnitana’,  en JRS, LXXVII, 1987, 78 ss.

[6] La doctrina oscila fijar el año exacto de esta providencia entre el 73/74 d.C. Vid. sobre el tema Weigels, Das Datum der Verleihung des ius Latii an die Hispanier,  en Hermes, 1978, 196 ss.

[7] Vid. A. Torrent, Para una interpretación de la potestas censoria en los emperadores Flavios, en Emerita,  XXXVI,  1968, 213 ss.

[8] Vid. al respecto Ch. Saumagne, Le droit latin et les cités romaines sous l’Empire, Paris, 1965, cuyas conclusiones no comparto, estando mas cerca de G.I. Luzzatto en su Rec. a Ch. Saumagne, Le droit latin, cit., en SDHI, XXXI, 1965, 411-423. El carácter de derecho latino de los municipios flavios ibéricos en relación con el acceso a la ciudadanía romana es un tema que sigue mereciendo un estudio especial al que pienso dedicar un próximo trabajo.

[9] Vid. con lit. P. le Roux, Municipe de droit latin en Hispania, en RHD,   LXIV, 1986, 325 ss.

[10] En contra F. Lamberti, ‘Tabulae Irnitanae’, cit., 201 ss. Parece admitir esta ley-marco flavia F.J. Andres Santos, La jurisdicción de los magistrados municipales en el Digesto de Justiniano y su relación con las leyes municipales hispanas, en Hispania Antiqua, XX,  2000, 279 nt. 5.

[11]La existencia de una lex Iulia municipalis de Augusto puede decirse que es opinión generalmente aceptada entre los romanistas; vid. con lit. P. le Roux, Municipe de droit latin en Hispania, cit., 325 ss., 340-341; N. Palazzolo, Processo civile e politica giudiziaria nel Principato. Lezioni di diritto romano, Torino, 1991, 17. Una opinión contraria muestra H. Galsterer, La loi municipale des romains: chimère ou réalité? en RHD,  LXV,  1989,  183 ss.

[12] M. Wlassak, Römische Prozessgesetze, I, Leipzig, 1888, 190 ss.; II, Leipzig, 1891,  221 y 234.

[13] A. d’Ors, Nuevos datos, cit.,  21.

[14] A. d’Ors, Nuevos datos, cit.,  22-23.

[15] Es mi opinión éste es uno de los problemas esenciales que plantean las leyes municipales, aun no debidamente resueltos, no siendo suficientemente persuasiva la tesis de Ch. Saumagne, Le droit latin,  cit.; cfr. G.I.  Luzzatto, Rec. a Ch. Saumagne, Le droit latin, cit.,  411 ss. Vid. J.G. Wolf, The romanisation of Spain: the contribution of city laws in the light of the ‘lex Irnitana’, en Mapping the Law. Essays in memory of Peter Birks, Oxford, 2006, 443-454, que no duda que las leyes Salpensana, Malacitana e Irnitana derivan de un mismo modelo que tiene su arranque desde que Vespasiano garantizó la latinidad a España.

[16] R.S.O. Tomlin, The Flavian municipal law: one or two more copies, en ZPE, CXLI,  2002,  281-284, plantea la existencia de diversas copias aparecidas en la Bética de la pretendida generalizadora ley municipal flavia.

[17] G. Luraschi, Sulla ‘lex Irnitana’, en SDHI, LV, 1989, 354.

[18] H. Galsterer, Loi municipale, cit.,  202.

[19] Cfr. M. De Bernardi, ‘Lex Irnitana’ LXXXIV – LXXXV – LXXXIX: nuovi spunti per una riflessione sulla sponsio nel processo romano, en ‘Testimonium amicitiae’ (a Franco Pastori),  Milano, 1992,  114 nt. 40. 

[20] Vid. lit. sobre este documento en A. Biscardi, G. Scherillo, La fortuna di Velleia nella storiografia giuridica, en Atti del III Convengo di Studi Velleati, Milano-Varese, 1969, 25-34; F.J. Bruna, ‘Lex Rubria’. Caesars Regelung für die richterlichen Kompetenzen der Munizipalmagistrate in Gallia Cisalpina, Leiden, 1972; add. U. Laffi, La ‘lex Rubria de Gallia Cisalpina’, en Athenaeum, LXIV, 1986, 5-44, que plantea el tema dentro del problema mas amplio de las relaciones entre los poderes locales y el poder central en la Italia tardorrepublicana.

[21]O. Gradenwitz, Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes, Sitzungsber. d. Heidelb. Ak. d. Wiss., Heidelberg, 1915.

[22] Vid. G. Negri, In margine alla ‘lex Rubria de Gallia Cisalpina’, en Studi Nasalli Rocca, Piacenza, 1971, 421-434.

[23] M. Wlassak, Konfessio in iure und Defensionsweigerung nach der ‘lex Rubria de Gallia Cisalpina’, München, 1934.

[24]F. De Martino, Storia della costituzione romana, IV.2, Napoli, 1975, 708. Add. con lit. F.J. Andres Santos, La jurisdicción de los magistrados municipales en el Digesto de Justiniano y su relación con las leyes municipales hispanas, en Hispania Antiqua, XXIV, 2000, 284-285.

[25] De este tema me ocupo especialmente referido a la labor del pretor en Interdictum de liberis exhibendis item ducendis y cognitio praetoria, de próxima publicación en Index, XXXVII,  2009.

[26] A. Torrent, La iurisdictio, cit.

[27] A. Rodger, The ‘lex Irnitana’ and Procedure in the Civil Courts, en JRS,  LXXXI, 1991, 74.

[28] W. Symshäuser, en ZSS,  CVII, 1990, 545. Fundamentalmente este trabajo se centra en una revisión crítica de los estudios de J. González; A. d’Ors;  A. d’Ors, X. d’Ors, citados en nt. 1.

[29] Así lo señala U. Laffi, ‘Lex Rubria’, cit.,  5, con referencia al Frag. Atest. y a la lex Rubria, probablemente dos textos de un único documento (vid. lit. en U. Laffi, ‘Lex Rubria’, cit., 8 nt. 5.)

[30] Vid. A. d’Ors, X. d’Ors, ‘Lex Irnitana’. Texto bilingüe, cit.; F. Lamberti, ‘Tabulae Irnitanae’, cit., y el importante estudio de X. d’Ors, Algunas consideraciones sobre variantes,  cit., 749 ss.

[31] Vid. F. Fernandez Gomez, Nuevos fragmentos de leyes municipales y otros bronces epigráficos de la Bética en el Museo Arqueológico de Sevilla,  en ZPE, LXXXVI, 1991, 121-136 (aporta más de cincuenta fragmentos; J. Gonzalez, F. Fernandez, Nuevos fragmentos de la ‘lex Flavia municipalis’ pertecientes a la ‘lex Villonensis’ y a otros municipios de nombre desconocido, en Actas del Symposium Internacional Ciudades privilegiadas en el Occidente romano,  Sevilla, 1999,  239 ss.; F. Fernandez Gomez, A. Caballos Rufino, Nuevos testimonios andaluces de la legislación municipal flavia, en ZPE,  CXLI, 2002, 261-280.

 

[32]  Vid. entre otros, M.T. Gimenez Candela, Una contribución al estudio de la ley Irnitana: la manumisión de los esclavos municipales, en Iura, XXXII, 1981, 37 ss.; H. Horstkotte, Dekurionat und römisches Bûrgerrecht nach der ‘lex Irnitana’,  en ZPE,  LXXVIII,  1989, 169-177. 

[33] Vid. P. Fuenteseca, La función de los recuperatores a la luz de dos documentos epigráficos: ‘Tabula Contrebiensis’ y ‘lex Irnitana’, en Studi in onore di G. Impallomeni, Milano, 1999, 191-260.

[34] Vid. R. Mentxaka, Descripción de la organización municipal a la luz de la ‘Tabula Irnitana’ (s. I d.C.), en Estudios Díez de Salazar, I,  Bilbao, 1992, 65-87.

[35] A. Rodger, The ‘lex Irnitana’ and the Procedure in Civil Courts, en JRS,  LXXXI, 1981, 74-90; J.L. Murga, Las acciones populares en el municipio de Irni, en BIDR, LXXXVIII, 1985, 209 ss.; J.A. Crook, D.E.L. Johnston, P.G. Stein, Intertium jagd and the ‘lex Irnitana’, en ZPE, LXX, 1987, 173 ss.;  W. Symshäuser, Stadtrömisches Verfahrensrecht im Spiegel der ‘lex Irnitana’, en ZSS, CIX, 1992, 163-208; J.G. Wolf, Intertium, und kein Ende? en BIDR, C, 1997, 1-36; Id., ‘Iurisdictio Irnitana’, en SDHI, LXVI, 2000, 29-61; Id., ‘Iudex iuratus’, en ‘Liber amicorum’,  cit.,  1087-1111.

[36]Obviamente también tenían una competencia muy limitada los ediles; vid. F.J. Andres Santos, Función jurisdiccional de los ediles en las ciudades hispano-romanas según las leyes municipales, en Hispania Antiqva, XXII,  1998,  157-174.

[37]U.  Laffi, ‘Lex Rubria’, cit.,  26.

[38] M.W.  Frederiksen, The ‘Lex Rubria’: reconsiderations, en JRS, LIV,  1964, 132-134.

[39] W. Symshäuser, ‘Iuridici’ und Munizipalgerichtsbarkeit, München, 1973, 201-205.

[40] Probablemente se llegó a esta categorización debido a la necesidad tardoclásica de diferenciar las competencias de los magistrados in urbe Romae y las de los magistrados locales en territorios extraitálicos (A. Torrent, La ‘iurisdictio’, cit., 101), proceso evolutivo que ahora podemos confortar con las noticias que arroja LI 84-85-86.

[41] Así lo entiende F. J. Bruna, ‘Lex Rubria’,  cit.,  77-78.

[42] Tesis de W. Symshäuser, ‘Iuridici’, cit.,  210.

[43] A. Torrent, ‘Iurisdictio’, cit., 147.

[44] A. d’Ors, La ley Flavia municipal, cit., 173.

[45] G.I. Luzzatto, Il problema d´origine della ‘cognitio extra ordinem’, I, Bologna, 1965, 152.

[46]Esta celeridad requerida para la solución de situaciones controvertidas es lo que a mi juicio podía explicar el fundamento de las competencias de los magistrados locales en caso de operis novi nuntiatio y cautio damni infecti en el cap. XX de la lex Rubria (A. Torrent, ‘Iurisdictio’,  cit.,  146), y el mismo argumento creo que puede valer para la LI.

[47] A. d’Ors, Nuevos datos, cit.,  26.

[48] Vid. D. Johnston, ‘Vadimonium’, the ‘lex Irnitana’ and the edictal commentaries, en ‘Quaestiones iuris’. Festschrift J.G. Wolf, Berlin, 2000, 111-123.

[49]A. d’Ors, Nuevos datos, cit.,  25-27.

[50] A. Torrent, Consideraciones jurídicas sobre el Bronce de Contrebia, en Cuadernos y Trabajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, XV,  1981, 95 ss.

[51] A. d’Ors, Ley flavia municipal, cit.,  171-172.

[52] Vid. a propósito D. Nörr, Zur klausel ‘neque pro socio aut fiduciae aut mandati quod dolo malo factum esse dicatur’ in ‘lex Irnitana’ c. 84, IXB 9-10, en Festschrift Ioshio Hirunaka, Tokio, 2006, 3-23.

[53] Es muy significativa la casi total exclusión de competencias en materia criminal, señalando F.J. Andres Santos, La jurisdicción, cit.,  296, que en esta materia tienen una jurisdicción tan restringida que en realidad no pasan de ser meros auxiliares operativos de los representantes territoriales del poder imperial.

[54] A. Torrent, Inflación y proceso en la legislación municipal, en RIDA,  XIX, 1972, 449.

[55] A. Torrent, Inflación y proceso, cit., 452.

[56] W. Symshäuser, Rec. a A. Torrent, ‘Iurisdictio’, cit.,  en ZSS, XCI,  1974, 431-433; cfr. G. Tibiletti, Diritti locali nei municipi d’Italia ed altri problemi, en Rivista storica dell’Antichità, III,  1973, 171-195 = Id., Storie locali dell’Italia romana, Pavia, 1978, 183 nt. 32. Un ejemplo de aplicación de la economía al derecho podemos verlo en C. Masi Doria, Patronos y libertos: perspectivas jurídicas y realidades sociales. Movilidad de la riqueza y derecho sucesorio, en ‘Res Publica litterarum’. Documentos de trabajo del grupo de investigación ‘Nomos’, Madrid, 2005, 3-14.

[57] Cfr. P. Ciocca, en P. Ciocca , I. Musu, Economia per il diritto, Torino, 2006, 26: «diritto ed economia interagiscono tra loro; vanno analizzati insieme».

[58] A. Torrent, Moneda, crédito y derecho penal monetario en Roma, en SDHI, LXXIII, 2007, 111 ss.;  Id., ‘Usurae supra legitimum modum’, en Studi in onore di G. Nicosia, VIII, Milano, 2007, 2034 ss.; Id., Crimen annonae y mantenimiento del orden público económico, en El derecho comercial, de Roma al derecho moderno, II, coord. S. Bello, J.L. Zamora, Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 1005 ss.

[59]Según J.G. Wolf, Romanisation of Spain, cit., 446, «the flavian city laws follow a common model word for word, differing only as regards quantities, such as the financial limit of jurisdiction: it’s lower in the LI than in the Lex Malacitana».

[60] No me explico que fundamento tiene W. Symshäuser, La jurisdiction municipale à la lumière de la ‘lex Irnitana’, en RHD, LXVII, 1989, 643, para decir que el límite máximo para el conocimiento de los magistrados locales en Málaga era 2.000 HS.

[61] Para J.G. Wolf, Romanisation of Spain, cit., 446, «such deviations were doubtless attributable to differences in the size and importance of the cities».

[62] A. d’Ors, Nuevos datos, cit.,  29 nt. 26, advierte asimismo que este límite de 1.000 HS es sensiblemente inferior a los del fr. Atest. (10.000) y de la lex Rubria (15.000), entendiendo que aquel límite debe ser especial de Irni y quizá de otros municipios muy pequeños, pues la lex Mal. al tomar esa cantidad de 1.000 HS como mínimo para el juicio de los magistrados locales sobre pecunia communis da a entender que su máximo, también para los otros juicios, era superior a 1.000.

[63] Vid. M. Talamanca, ‘Ibi’ in ‘lex Irnitana’, 69 lin. 10-15. Un contributo allo studio dell’ ‘agere de pecunia commmuni’, en BIDR, CI-CII, 1988-1999, 665 ss.

[64] Cfr. además,  D. 5.1.2 pr., y D. 2.1.5. Según O. Lenel, Das Edictum perpetuum³, Leipzig 1927, unvr. Nach. Aalen 1956, 55 nt. 3, tanto el libro II del comentario ulpianeo como el primero de Paulo al edicto, tenían en cuenta una ‘prorogation’ (ampliación de las competencias) de los magistrados municipales.

[65] J. Gonzalez, ‘Lex Irnitana’,  cit.,  229.

[66]A. Rodger, Local magistrales, cit., 149.

[67] Vid. A. Torrent, ‘Iurisdictio’, cit.,  115 ss.

[68] En este sentido G. Pugliese, Il processo civile romano, II.1. Il processo formulare, Milano, 1963, 160; M. Kaser, Das römische Zivilprozessrecht, München, 1966, 128 nt. 49, 184; K.-H. Ziegler, Kompetenzvereinbarung im römischen Zivilprozessrecht, en Festschrift Kaser, München, 1976, 557 ss.  Vid. para el consensus en las comunidades locales fuera de Roma desde un punto muy amplio especialmente referido al ámbito contractual, no sobre consensos procesales, C. Cascione, ‘Municipes’ e ‘consensus’, en E. Lo Cascio, G.D. Merola, Forme di aggregazione nel mondo romano, Bari, 2007, 49-58, que fundamentalmente trata temas de derecho patrimonial: posesión e institución de heredero.

[69]W. Symshäuser, La iurisdiction municipale, cit., 644-645; lit. en 645 nt. 124.

[70] G. Pugliese, Il processo civile, cit., 163.

[71] W.Symshäuser, La iurisdiction municipale, cit.,  645.

[72] Vid. lit. sobre este problema en W. Symshäuser, La iuridsiction municipale, cit., 645 nt. 125.

[73] J. Gonzalez, The ‘Lex Irnitana’, cit., 228.

[74] J.G. Wolf, Romanisation of Spain, cit., 446. Según G. Alföldi, Römische Städtwesen auf der neu kastilischen Hochebene, München, 1987, 109, Irni debía ser una ciudad de tercera clase.

[75] LI 86 lin. 49-54; realmente una cantidad muy escasa, pues aproximadamente hacia la misma época de nuestra ley informa Plin. ep. 1,19,2, que en Como se requería en el ciudadano elegible un status financiero de 100.000 HS: esse autem tibi centum milium censum satis indicat, quod apud nos decurio est.

[76] Coincido en este con  W. Symshäuser, La iurisdiction  municipale, cit., 643-644 que combinando Lex Mal. y LI concluye que «il en découle que les règles de compétence selon le montant du litige variaient largement dans les municipes espagnols créés sur le modèle flavien: apparemment, cela dépendait de l’importance de la localité».

[77] No me convence la explicación de E. Metzger, Litigation in Roman Law, Oxford, 2005, 118 nt. 104,  al decir que este límite de 1.000 HS vendría señalado como pérdida máxima para el litigante si el magistrado por inacción provocaba la pérdida del litigio; cfr. E. Metzger, A new outline of the roman civil trial, Oxford, 1997, 49-51.

[78] Segñun M. De Bernardi, ‘Lex Irnitana’, cit., 138, «non è inverosimile che pretori e governatori provinciali inserissero la menzione di alcune di queste (se refiere a las sponsiones praediudiciales) nei propri editti, anche perché in tali casi erano chiamati a funzioni di controllo».

[79] G. Luraschi, ‘Lex Irnitana’, cit.,  355.

[80] Y éste viene mencionado constantemente; cfr. caps. 19, 20, 22 y 23; es significativo que todos estos caps. se refieren a la estructura constitucional de Irni.

[81] G. Luraschi, ‘Lex Irnitana’, cit.,  356.

[82] T. Mommsen, Gesammelte Schriften, I, 1904, reed. inalt. Berlin-Dublin-Zurich, 1965, 208 ss.

[83]G. Luraschi, ‘Lex Irnitana’, cit.,  356 nt. 45.

[84] Vid. a propósito E. Gabba, Riflessioni sulla ‘lex Coloniae Genetivae Iuliae’, en Estudios sobre la ‘Tabula Siarensis’.  Anejos del Archivo Español de Arqueología, Madrid, 1988, 166.

[85] A. d’Ors, La nueva copia irnitana de la lex ‘Flavia municipalis’, en AHDE,  LIII,  1983, 9.

[86] A. d’Ors, La ley Flavia municipal, en AHDE,  LIV,  1984, 537.

[87] Vid. H. Morgues, The so-called letter of Domitian,  cit.

[88] G. Luraschi, ‘Lex Irnitana’, cit.,  362.

[89] H. Braunert, ‘Ius Latii’ in den Stadtrechten von Salpensa und Malaca, en Corolla Swoboda, Graz-Köln, 1966, 68 ss.

[90] Vid. A. Torrent, Derecho romano, derecho comparado y unificación jurídica europea, de próxima publicación en SDHI,  LXXV,  2009.

[91] Vid. L. Peppe, Note sull’editto di Cicerone in Cilicia,  en Labeo, XXXVII, 1991, 14 ss. Desde el ángulo particular de las usurae supra duplum estudio estos dos edictos provinciales del último siglo republicano en mis A. Torrent, ‘Usurae supra legitimum modum’, cit., 259 ss.