ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA OBLIGACIÓN DE MOTIVAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN EL DERECHO ESPAÑOL

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1. La Constitución española de 1978 en su art. 120.3 dice literalmente: «Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública»[1]. Dejando al margen la exigencia del pronunciamiento en audiencia pública, nos interesa centrarnos en esta sede en el requisito legal de la motivación de las sentencias[2]. No se trata de un requisito exclusivo de nuestra Norma de normas pues también otras constituciones lo exigen, como por ejemplo en Europa la italiana[3] o en Sudamérica las constituciones de países como Perú[4], Colombia[5], México[6], Chile[7], CostaRica[8], entre otras[9].

Pero volvamos a nuestro derecho patrio. Existe entre nuestros procesalistas y constitucionalistas la idea bastante generalizada de que «la obligación de motivar las sentencias es una institución relativamente reciente que carece de antecedentes en nuestro derecho constitucional histórico»[10]. No es que España tenga una historia constitucional muy antigua; todo empieza en la Constitución de Cádiz de 1812[11], unos pocos años posterior a la edición de la Novísima Recopilación (promulgada por Real Cédula de 15 de julio de 1805) en la que expresamente se prohíbe motivar las sentencias, y que más adelante analizaremos. Por consiguiente, no debe de sorprendernos el que no exista en la historia del constitucionalismo español ninguna referencia expresa a la obligación de motivar las sentencias.

Se tuvo que llegar a la Constitución de 1978 para que en el art. 120.3, tal y como estaba previsto en el art. 110[12] del Anteproyecto, se incluyera dicha obligación con independencia de los distintos órdenes jurisdiccionales. En definitiva, dice Martí Sánchez, «expresa también un derecho del justiciable y el interés legítimo de la comunidad en general de conocer las razones de la decisión que se adopta, de comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad».

Es obvio, pues, que en los ordenamientos jurídicos modernos ya sea de manera explícita, casos de España, Italia, Perú, Colombia, etc., o implícitamente, en los demás, las sentencias tengan que ser motivadas[13]. Pero nos preguntamos: desde cuándo hubo obligación de motivar las sentencias?; es una obligación tan reciente como parte de la doctrina manifiesta?[14]. Motivación de la sentencia, como acto importantísimo y culmen de la actividad jurisdiccional, se denomina a aquella parte de la misma que precede y justifica el fallo; es decir, expresa las razones que el órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta para decidir en el sentido en que lo haya hecho[15]. Por tanto, se trata de aplicar a las decisiones judiciales lo que el Diccionario de la Real Academia Española, en su acepción cuarta, entiende por motivar: «Expresar las razones que en derecho justifican una decisión judicial o administrativa, o una alegación o pretensión de parte». En definitiva, nuestro objetivo en este trabajo se centra en efectuar un rastreo histórico para demostrar que la obligación de motivar las sentencias no es tan novedosa como se nos quiere hacer creer.

Además, queremos colaborar con esta aportación a formar parte de esa pléyade de autores que viene remediando la falta de estudios históricos sobre la motivación de las sentencias, pero, eso sí, ceñido al derecho español[16]. Ya desde la antigüedad romana, y con más o menos exigencia en los largos periodos de la historia procesal hispana, se ha ido exigiendo que los órganos judiciales fundamentaran sus decisiones. La evolución ha venido de la mano, dice Colomer[17], «de los diversos cambios que han ido sufriendo a lo largo del tiempo las funciones encomendadas a la justificación de la decisión judicial. … Por todo ello resulta útil estudiar la evolución histórica de la obligación de motivación de las decisiones judiciales como manifestación de los cambios producidos a lo largo de la historia en las finalidades asignadas a la actividad de motivación o justificación». Pero no solamente han de motivarse las sentencias como requiere el art. 120.3 de la C.E., sino que conforme a la legislación procesal vigente[18] «todos los autos e incluso las providencias, que materialmente debieran tener la naturaleza de aquéllos, también la requieren. Autos de procesamiento, de prisión, de denegación de prueba, de admisión o inadmisión de querella, etc., que afectan a derechos fundamentales contenidos en el artículo 24 de la Constitución y, con frecuencia, también a otros (arts. 17, 25 etc.), gozan de idéntica necesidad de motivación»[19].

2. Tras esta introducción, con la que hemos querido plasmar la trascendencia que en la actividad judicial actual tiene la motivación de la sentencia, vamos a adentrarnos en la misma cuestión, pero en Derecho romano. No tratamos de buscar orígenes ni influencias inmediatas de los vigentes sistemas procesales, sino las verdaderas realidad y dimensión del problema en el derecho procesal romano. Sin embargo, no hemos de olvidar que la derivación más remota del proceso civil moderno está en el romano, pues, como decía Biondi, «il processo moderno è dunque di origine ed impostazione romana, semprechè intendiamo riferirci non a quel processo formulare, tipicamente latino, che è tramontato per sempre, ma a quella cognitio extra ordinem che sorge fin dai primi tempi dell'Impero, si consolida ed allarga via via nella prassi giudiziaria, finchè con Giustiniano si afferma come unico sistema processuale»[20]. Por ello no debe sorprendernos, a diferencia de lo que le sucedió a Sauvel[21], que en el derecho romano tardío encontremos de facto la necesidad de motivar las sentencias al igual que sucede en nuestros actuales ordenamientos jurídicos.

Partiendo de que la motivación de la sentencia es el signo más importante y típico de la racionalización de la función jurisdiccional[22], interesa preguntarnos en esta sede si se encuentra establecido entre los requisitos formales que para la sentencia prescriben las fuentes romanas. Entre los requisitos exigidos en el ordo iudiciorum privatorum para la validez de la sentencia, en ningún momento se requiere su motivación o fundamentación, lo cual no empece para analizar su repercusión en aquellos casos en que el órgano juzgador la incluía dentro de su decisión.

En el derecho romano, con el paso de unos sistemas procesales a otros, se va desarrollando una ampliación del contenido de la sentencia. Este contenido le otorga al juez, paulatinamente, un campo de maniobrabilidad más amplio en orden a su decisión final, de donde se infiere la necesidad tendente a justificar, cada vez más, la solución que dé al litigio. Podemos entender, desde el punto de vista del contenido, lo innecesario de motivar una sentencia en el ordo iudiciorum privatorum, pues la labor del iudex es cuasi mecánica, en razón de la propia estructura formal de las legis actiones y de la fórmula. La única obligación para el juez que emana la sentencia es ajustarla en su contenido al programa procesal[23]. Sin embargo, en la cognitio, amén de carecer de instrumentos que le faciliten la labor mecánica, el juez puede elegir más fácilmente el contenido de su sentencia, y esta libertad es la que nos impulsa a creer en la necesidad de un razonamiento o motivación de la misma, como algo que justifique, desde el punto de vista del derecho y de los hechos, lo que realmente decide el juez; es decir, la posibilidad de variación del contenido de la sentencia impulsa a creer en la necesidad de su motivación como justificación de la decisión.

El análisis de las fuentes nos induce a considerar la necesidad de motivar las sentencias, eso sí, en periodos tardíos del derecho procesal romano. Por lo que respecta a la cognitio, Visky[24], sin reconocer su exigencia, afirma que la motivación podría ser más necesaria. Las partes podrían tener menor confianza en su juez, no en balde era un funcionario, aun cuando en muchos casos sus pronunciamientos eran completamente irreprochables. Se puede constatar que el juez, como consecuencia del desarrollo de las condiciones de vida y del aumento de las transacciones, en muchos casos, no dándose por satisfecho con el fallo, expuso a grandes rasgos en su sentencia una explicación de los hechos y del derecho aplicado. Esto, evidentemente, puede constatarse en las fuentes, por ello no estamos de acuerdo con Visky[25] cuando dice que no se encuentra ninguna declaración, ni en los papiros ni en las fuentes del derecho imperial, que induzca a pensar que el juez tuviese un deber de motivar sus sentencias. Asimismo, tampoco compartimos la opinión de que cuando la motivación aparece en algún supuesto se deba a la discreción de los jueces, lo cual sí puede ser cierto en el ordo iudiciorum privatorum, pero en absoluto, como infra se verá, en la cognitio oficial.

La misión del juez, officium iudicis[26], consiste en conocer y decidir el litigio dentro del marco procesal establecido en cada momento histórico; más concretamente, en el sistema formulario, en el que la sujeción a la estructura lógica de la fórmula es absoluta. El juez responderá en todos aquellos casos en que con su sentencia produzca algún perjuicio a los litigantes; perjuicio que era perseguido por medio de la actio si iudex litem suam fecerit[27]. En consecuencia, tanto como medida justificadora de su decisión, como medida de prevención, no dudamos de que el iudex romano tendería a motivar sus sentencias, aun cuando dicha obligación no existiese formalmente.

Tras el análisis de los pocos restos de sentencias motivadas que nos ofrecen las fuentes, llegó un momento en que la necesidad de fundamentar las decisiones judiciales fue requerida por las disposiciones imperiales. El primer dato cierto, y tal vez único, acerca de una exigencia real de fundamentación de la parte dispositiva de la sentencia, es de finales del s. IV. Nos estamos refiriendo a dos disposiciones imperiales, curiosamente de los mismos emperadores, que se encuentran recogidas en C.7.44.2[28] y C.Th.4.17.2[29]. Los textos han sido muy poco comentados por la doctrina romanística. La razón, quizás, estribe en esa tendencia a negar la exigencia formal técnico-procesal de motivar las decisiones judiciales. Ahora bien, consideramos, y a nuestra interpretación nos remitimos, que la necesidad de motivar es evidente, pero el problema reside en saber a qué tipo de motivación se refieren los emperadores. Están puntualizando los pasos de la formación interna de la sentencia? Aluden, por el contrario, a la estructura externa de la sentencia? O se trata más bien de un requisito doble: cómo formar la opinión interna y su manifestación externa? En los citados textos, los emperadores no han emitido un lacónico: «las sentencias serán siempre motivadas», sino que, a nuestro entender, han ido más lejos. Han tratado de desarrollar qué se ha de entender por motivar las sentencias, y, en este sentido, exigen reflexión y ponderación antes de la redacción; es decir, fundamentación interna del fallo previa a su exteriorización[30], como una valoración de certeza que ya no podrán corregir o cambiar.

Del examen conjunto de las dos disposiciones imperiales se infiere meridianamente que los jueces están constreñidos a reflexionar sobre el asunto; a razonar la causa de su decisión, y esto sólo se sabrá si consta efectivamente en la sentencia. Queda claro, pues, que el juez en su fuero interno debe de motivar la sentencia, y dicha motivación se exteriorizará a través del documento que lea a las partes. En el fondo de ambas constituciones imperiales subyacen una serie de requisitos lógicos y formales, tendentes a evitar la arbitrariedad de la decisión; estos requisitos: ad plenum recenseat, scribat et relegat, non subitas, deliberatio et ponderatio, emendatio, están dirigidos a confeccionar del mejor modo posible el quod senserit, es decir, la razón y la decisión. Por consiguiente, a partir de los emperadores Valentiniano, Valente y Graciano se produce el punto de inflexión acerca de la exigencia de plasmar la motivación de la sentencia en su redacción, como inducen a pensar todos los requisitos previos a la misma.

A partir del s. IV, con la cognitio como sistema procesal oficial, las sentencias presumiblemente ya se motivaban. Esto lo decimos porque motivación e impugnación son institutos en cierto modo paralelos[31], pues si la impugnación es una censura de la sentencia, no sería posible recurrirla cuando no se conozcan las razones en que se fundamenta y justifica. El hecho cierto es que, salvo error judicial, la motivación es la parte razonada de la sentencia, que sirve para demostrar que la misma es justa y por qué es justa; es decir, con la motivación el juez trata de persuadir de que ha llegado a la decisión final a través de un razonamiento, que no es fruto de la improvisación ni del antojo. Dejando al margen el antiguo sistema procesal de las legis actiones, en el que las dificultades para demostrar una práctica motivadora son extraordinarias, nos adentramos en el análisis de la motivación de la sentencia en el procedimiento formulario y en la cognitio extra ordinem.

En el procedimiento formulario concurren dos argumentos que impiden afirmar con rotundidad que las sentencias se motivasen. En primer lugar, la sentencia debe ajustarse, en cuanto a su contenido, al programa procesal, de donde deriva su concisión en un condemno o absolvo. Esto ha impedido que se conservasen sentencias completas en las fuentes, y aquellas, más o menos amplias que se conservan es dudoso que fueran resueltas a través del procedimiento formulario y sí por medio de la cognitio extra ordinem. En segundo lugar, sabemos que el iudex es instruido por la fórmula, a la que está vinculado, cuyo conocimiento y decisión le incumben. En la fórmula se recogen el conjunto de cuestiones jurídicas y fácticas, cuya solución depende de la sentencia que emita el juez. La brevedad de la decisión judicial obedece a la propia estructura interna de la fórmula. En la redacción que de la misma realizaba el pretor se contenía, de alguna manera, una motivación implícita de la sentencia posterior. El juez condenaba o absolvía en razón de si resultaban verdaderos o no los hechos y fundadas o no las pretensiones jurídicas, que expresamente venían recogidos en la fórmula[32]. En consecuencia, el iudex condena o absuelve si paret o si non paret, con base en ese parere enunciado por la fórmula.

En determinados supuestos la motivación facilita que la solución sea más justa, porque justifica la equidad de la decisión[33] proporcionando los medios para su oportuna corrección; por consiguiente, más importante que el propio razonamiento es la exposición de dicho razonamiento[34], pudiéndose apreciar que en la motivación influyen directamente los defectos de la lógica; en consecuencia, como dice Calamandrei[35], la motivación es el espejo revelador de los errores judiciales, a la vez que garantía esencial de la impugnación.

A saber, la sentencia será completa cuando el juez recoja su decisión y los motivos que le llevan a dicha decisión. Resulta evidente, pues, que la causa de la decisión final, que se refleja en todo escrito que conforma la sentencia, tiene un valor instrumental y explicativo del fallo, careciendo de fuerza vinculante como res iudicata. Si pensamos que motivar las sentencias era la práctica habitual, tal vez por ello nunca se reguló hasta épocas bien avanzadas[36]. Sabemos que resulta muy complejo convencer a alguien de que en el derecho romano la motivación de la sentencia era una práctica habitual no institucionalizada. Esto solamente resulta verosímil a partir, aproximadamente, del siglo IV d.C. Los restos de sentencias motivadas anteriores a C.7.44.2 y C.Th.4.17.2, aparte de ser bien escasos, son sólo eso, fragmentos o trazos que no permiten vislumbrar una exigencia formal.

La motivación de las sentencias es algo connatural a cualquier proceso; negar la misma en la cognitio oficial, a la luz de lo expuesto, es, a nuestro entender, minusvalorar la técnica procesal romana. La motivación responde necesariamente a razones de apelación[37]. En la cognitio extra ordinem el juez superior podía realizar el examen completo de la causa, previa pertinente remisión de todo lo actuado por el juez inferior; esta remisión le obligaba a que su sentencia fuera motivada, pues el juez superior, con las alegaciones anteriores y las nuevas, y con las pruebas practicadas, ha de examinar si la sentencia fue o no justa. Si nos detenemos en C.Th.4.17.2 podremos apreciar que al juez se le exige fundamentar bien su sentencia para evitar apelaciones innecesarias. Se trata de una razón técnico-procesal, pues, ne per errorem iudicis iterum eventus litis sortiantur. De esta forma se evitan nuevos pleitos; en caso contrario, se favorece la apelación.

Sin duda, la formalidad procesal impuesta en época postclásica de motivar las decisiones judiciales, habría que encuadrarla dentro del vulgarismo imperante en la época. El ánimo de evitar decisiones técnicamente incorrectas también puede influir en la necesidad de motivar las sentencias. Una sentencia incorrecta se puede corregir cuando se recogen los precedentes que justifican el fallo[38]. Por todo ello no podemos compartir la opinión de Gil Cremades[39] cuando afirma que el juez romano era racional, es decir, no procedía irracionalmente en su actividad, pero no era razonador. Y no compartimos esta opinión porque si bien es cierto que el juez romano era racional, también es cierto que tenía que manifestar las razones, los argumentos en que basaba su decisión. Es verdad, también, que esto no sucedía en los primeros tiempos de la historia procesal romana, pero en una época avanzada era necesario que el órgano judicial manifestara su ratio decidendi, al menos, creemos, desde la instauración de la posibilidad de apelar.

3. En este trabajo queremos centrarnos en nuestro derecho patrio; no obstante, Europa parece ser que siguió una línea diferente o al menos distinta a la seguida en España como se deduce del brillante trabajo de Godding[40], pues si bien compartimos los mismos antecedentes romanísticos basados en el derecho romano y en el ius commune, el desarrollo posterior en nuestro derecho, en razón de las vicisitudes históricas, fue diferente como ahora veremos. A partir del s. XII sabemos que tanto el derecho romano como el derecho canónico influyeron grandemente en el derecho castellano. Ya hemos hablado del derecho romano en el que la tendencia motivadora es indiscutible; veamos ahora que sucedía en el derecho canónico. En principio, según la doctrina, para que una sentencia fuese válida parece que no se exigía que los jueces fundamentasen sus decisiones. No obstante, los Papas sí razonaban todas sus sentencias según se colige de las Decretales, en las que incluso se exponían los fundamentos de derecho en que se basaban. Ahora bien, aunque en el derecho canónico de la época no hubiera ninguna disposición que obligara a fundamentar las sentencias, ello no impedía que los Papas observasen de forma espontánea esa práctica, pero no por ello impusieron esa obligación a los jueces inferiores[41].

En el s. XII, concretamente a partir de la discutida Decretal Sicut nobis (año 1199) de Inocencio III (1198-1216), se empezó a introducir en la praxis el exprimere causam in sententia, lo que fue interpretado en el sentido de que era suficiente con que la sentencia fuera dictada por el juez competente para que se presumiera que en todo se había procedido de forma legítima. Sin embargo, fueron tantas las excepciones en las que se exigían que los jueces justificasen sus decisiones, que provocó una reformulación del principio y se generalizó en la práctica la necesidad de motivar las sentencias[42]. Como dice LLobell[43]«la propia Decretal estaba motivada: proporciona tanto la quaestio facti como la quaestio iuris». Cuestión distinta es la extensión de la motivación, pues un cosa es motivar y otra manifestar todos los motivos. En definitiva, en la Decretal Sicut nobis, dice LLobell, «se reconoce como norma general la motivación de la sentencia; se considera legítima la costumbre contraria[44], legitimidad que tiene como principal consecuencia el no constituir la carencia de razones un motivo autónomo de nulidad o anulabilidad de la decisión». Probablemente nos hallemos ante el punto de inflexión de la motivación de la sentencia en la praxis canónica, que invariablemente ha llegado hasta el actual Código de Derecho Canónico de 25 de enero de 1983, cánones 1611[45] y 1617[46].

4. En el s. XIII, como característica general, en Europa las decisiones de los órganos judiciales no eran motivadas; sin embargo, en España podemos observar cómo en varias normas, aunque no explícitamente, sí se hacia una defensa implícita de la motivación[47]. Un buen ejemplo lo tenemos en el Fuero Real en el que según Sainz Guerra[48] «las sentencias dictadas en primera instancia debían ser razonadas a fin de que el juez de apelación tuviera un fundamento para ratificarlas o bien modificarlas si procedía».

Fuero Real 2.13.2.- Como el Juez debe dar la sentencia sobre la demanda, é no sobre otra cosa

Despues que las razones fueren acabadas, de guisa que mas no pueden decir las Partes en el Juicio, el Alcalde dé la sentencia sobre aquello que fue la demanda, è no sobre otra cosa: è déla la mas cierta que pudiere, è no dubdosa, è de guisa que dé el Alcalde aquel contra quien fuere la demanda por quito, ò por vencido ...

A continuación, en el mismo texto, el Rey Sabio nos da todo lujo de detalles sobre los aspectos formales de cómo debe ser emitida una sentencia: sentado, no levantado, en persona y no sirviéndose de otro, en presencia de ambas partes, de día nunca de noche, y algo bien importante: que haya testigos por si fuera necesario probarlo en un pleito posterior: «è sean homes buenos delante quando diere el Juicio, porque se pueda probar si fuere menester». Ello significa, a nuestro entender, el reconocimiento del recurso de apelación. En consecuencia, resulta evidente que en el Fuero Real, al menos en esta cuestión, se siguió con gran fidelidad tanto los antecedentes romanos como los canónicos, pues en ambos ordenamientos cuando se implantó la posibilidad de apelación surgió la necesidad de motivar por el juez a quo su decisión. En resumen, se trata de facilitar la labor del juez ad quem o de apelación, así como las sanciones al juez de primera instancia si no hubiera obrado conforme a derecho. Punto este que se deduce de

Fuero Real 2.15.2.- Fasta quanto tiempo es tenudo el Juez de dar el proceso del alzada.

Quando acaesciere que alguna de las Partes se agraviáre del Juicio quel dieren: è si se alzáre ò debe, el Alcalde que diere el Juicio, delo escripto à aquel que se alzáre fasta tercero dia despues del alzada: è ponga en escripto la razon cumplida por qué se alzó, porque sepa aquel que ha de juzgar el alzada, si se alzó con derecho, ò no: è si el Alcalde no diere el Juicio escripto como sobredicho es: mandamos, que todo el daño, è las costas que vinieren por desfallecimiento del scripto, que lo page el Alcalde.

Este texto ratifica con gran exactitud la doctrina romano-canónica consistente en que cuando existe la posibilidad de que alguna de las partes pueda apelar la decisión emitida por el juez inferior, éste debe motivar siempre para que el juez superior sepa a qué atenerse y considerar conforme a «derecho ò no» la sentencia del juez a quo. Por ello se dice en el texto trascrito que el juez dé «razon cumplida», es decir, motivada, para que el juez de alzada sepa si se apeló «con derecho ò no». Además, al juez inferior le convenía argumentar, porque en caso de no hacerlo «como sobre dicho es» tendrá que hacer frente a los daños causados así como a las costas procesales.

En el mismo Fuero Real, en el libro 2º, al regular Las Alzadas en el título 15, en su ley 6 bajo la rúbrica ‘Como el Juez del alzada debe remitir el Proceso al Juez de quien es apelado, si viere que juzgó bien’, dice:

El Rey, ó aquel que juzgáre el alzada sobre agravio fecho ante del Juicio afinado, vea el Juicio del alzada, è las razones por qué él fue dado, è las razones por qué el alzada fue fecha: è si falláre que el Juicio fue derechamente dado, confirmelo, è embie las Partes al Alcalde que los juzgó: y el que se alzó sin derecho, dé las costas à la otra Parte que recibió el Juicio...

En opinión de Menéndez Pidal[49] ello demuestra que había que razonar el juicio o fallo. Se podrán utilizar unas expresiones u otras pero lo que resulta indiscutible es que el juez de alzada tenía que examinar «las razones», los motivos, las argumentaciones, tanto de por qué se emitió aquella sentencia como el porqué las partes recurrieron. Se pregunta Sainz Guerra ¿por qué se produce este criterio que, salvo la doctrina canónica, carece de precedente?[50] Queremos precisar que existe otro precedente bien importante y que no debe ignorarse: el derecho romano, en el que también está demostrado[51] que tan pronto surgió la posibilidad de la appellatio las resoluciones judiciales comenzaron a motivarse.

El propio Sainz Guerra considera que los argumentos que influyeron en esta disposición del Fuero Real, tal vez fueran, por una parte, el deseo de Alfonso X de unificar el derecho y, por otra, tratar de imponer un principio de equidad. Pero por encima de estas causas el mismo Sainz Guerra se inclina por pensar que «latía una idea estrictamente pragmática y razonable como era la de exigir que los jueces a quo comunicaran por escrito los motivos de su decisión a los que debían juzgar de las apelaciones citadas[52]». En definitiva, nada nuevo respecto del derecho romano-canónico.

5. Antes de abordar la cuestión en las Partidas debemos mencionar otras dos fuentes del s. XIII en las que la línea de exigencia de la motivación de las decisiones judiciales se mantiene. Así, en El Espéculo, que aunque está desprovisto de fecha es muy verosímil que hubiera sido ya redactado en 1255, se observan grandes similitudes con las tres primeras Partidas y con el Fuero Real. No fue un cuerpo legal vigente porque no llegó a ser concluido, pero se inscribe en la tendencia que en esta materia sostiene Alfonso X.

Espéculo 5.13.6: Tenudas las razones e escodrinado el pleito, estonce deve el judgador dar el juyzio afinado, e non ante. Enpero primero deve demandar a las partes si quisieren aun razonar mas, o añadir en sus razones. Pero si el pleito fuere provado por cartas e por testigos, e despues quisieren amos los contendores, o alguno dellos razonar mas, o añadir sobre lo que dixieron, develes el judgador poner plazo de tercer día a que razonen quanto ovieren de razonar, o al mas de seys, si viere que es tal el pleito que lo aya mester. E en aquel plazo dé el juyzio si fueren amas las partes delante, o alguna delas, non queriendo la otra venir. Mas con todo esto, si aquello que razonaren oviere meester de se provar, non deve dar juyzio sobre aquello que es el pleito, fasta que reciba las proevas, e libre las razones sobre que fueron aduchos, segunt fallare por derecho. E quando el juyzio oviere a dar, desta guisa lo deve fazer e non dotra.

Parafraseando a Sainz Guerra[53], podemos decir que este texto «insistía de nuevo en la necesidad de que el iuyzio, la sentencia, tuviera en cuenta las razones de hecho probadas en el pleito así como los argumentos de derecho esgrimidos». También en las Leyes del Estilo, aunque se trata más bien de sentencias o literatura jurídica antes que de leyes en sentido estricto, colección que alguien realizó a comienzos del s. XIV, en la ley 151 sigue vigente y es innegable la exigibilidad de la motivación al menos para el juez inferior al objeto de facilitar la posterior apelación a que hubiere lugar.

Ley 151: Del que se alza cómo debe seguir el alzada.

Aquel que se alzó para casa del Rey sea tenido de seguir el alzada, è si no la sigue hasta el tiempo puesto, segun dicho es de suso en el titulo de los Emplazamientos, en la Ley que comienza: Otrosí, el que es emplazado, ò si viene al plazo à seguir la alzada, è se vá de la Corte sin su mandato del Alcalde que oye la alzada por tanto tiempo, à vista del Alcalde que finca por él de no seguir la alzada, maguer venga despues, è la quiera seguir ante que la Parte hobiese carta del Rey, que cumpliese el Juicio dado asi, finca el Juicio de que se alzó firme, pues dexó de seguir la alzada. Otrosí, aquel por quien fue dado el Juicio no es tenido de seguir la alzada que el su contrario fizo: y el Alcalde, si el que se alza sigue el alzada, debe ver la alzada, è librarla segun falláre por derecho. Pero si el que se alzó pusiere ante el Alcalde de la alzada razones de nuevo, que se hayan de poner demás de las que vienen en el proceso de la alzada, entonce el Alcalde que oye la alzada debelo facer saber à la Parte por carta de emplazamiento, de como su contrario pone por razones de nuevo, en que él es menester que venga à oirlas, è seguir su derecho: è si el que se alza viene à seguir la alzada, è adolesce en el camino en guisa que viene despues del plazo, è quiere probar, è traher testimonio de como adolesció, el Alcalde debelo facer saber à la Parte, que venga à oir la escusa que este que se alzó pone por sí, y el testimonio que muestra, ò quiere mostrar en esta razon: è la costa para gelo facer saber, debela dar el que adolesció, ò que pone razones de nuevo porque han de embiar à emplazar.

En consecuencia, las Leyes del Estilo, dice Sainz Guerra[54], no modifican lo ordenado para los tribunales inferiores en el Fuero Real, de modo que sigue en vigor la obligación de que el juez inferior exponga las razones que le han conducido a tomar una determinada decisión. Lo que a nuestro entender se colige sin mayores dificultades de la ley 151 del Estilo cuando se establece que si el que se alzó, es decir, apeló, alegare ante el órgano judicial de alzada (‘Alcalde de la alzada’) nuevas razones, a las que ya se expusieron en el juicio cuya sentencia ahora se recurre, deba el juez hacérselo saber a la otra parte. Evidentemente, el juez de alzada para conocer si los argumentos que en la apelación se alegan son nuevos, tendrá que conocer cuales fueron los alegados en el juicio a quo, de forma que si el juez inferior no ha recogido las argumentaciones en que apoya su decisión, difícilmente podrá el juez ad quem saber si ahora son nuevas las alegaciones de la parte recurrente; por ello, cuando en el texto se dice: «Pero si el que se alzó pusiere ante el Alcalde de la alzada razones de nuevo, que se hayan de poner demás de las que vienen en el proceso de la alzada, entonce el Alcalde que oye la alzada debelo facer saber à la Parte por carta de emplazamiento», de lo que resulta que en el texto de la sentencia han de venir recogidas dichas razones, al menos así entendemos la frase «que se hayan de poner demás de las que vienen en el proceso de la alzada». Por tanto, desde un punto de vista estrictamente procesal y como ya ocurriera desde el derecho romano, siempre que exista la posibilidad de apelación el juez inferior deberá hacer constar en su decisión cuáles son las razones que le indujeron a tomar una determinada decisión, sobre todo para que el juez superior tenga conocimiento de ello y pueda adoptar una decisión ajustada a las alegaciones de las partes.

6. En las Partidas encontramos varias disposiciones que han sido interpretadas de maneras diferentes por la doctrina a propósito de la necesidad de motivar, argumentar o razonar las decisiones judiciales.

P.3.22.3.- Qual debe ser el Juyzio[55].

Cierto, e derechurero, según mandan las leyes de nuestro libro, e catada, e escodriñada, e sabida la verdad del fecho, deve ser dado todo juyzio, mayormente aquel que dizen sentencia definitiva[56]

P.3.18.110.- Como deven fazer la Carta de alçada

… E si por aventura fuesse toda la sentencia en razon de muchas cosas, e en algunas dellas judgasse el Juez bien, e en otras mal: entonce deven decir los Juezes que judgaren la alçada: Porque fallamos que en tal razon que el Alcalde Don Marin judgo como devia.

No existe acuerdo doctrinal sobre si las Partidas recogen o no la necesidad de motivar las sentencias. En opinión de Sainz Guerra[57], las Partidas procuran abandonar toda referencia al razonamiento del juez como elemento de la decisión judicial, cuando, sin embargo, sí se requería en el Fuero Real y en las Leyes del Estilo, siendo todas ellas obras atribuidas a Alfonso X. Además, dice el mismo autor, las Partidas sí reflejan la necesaria motivación en las sentencias dictadas por los jueces eclesiásticos (P.1.9.12), lo cual refleja una evidente influencia del derecho canónico. Por el contrario, observa Sainz Guerra una palmaria diferencia de tratamiento entre las sentencias civiles y las canónicas en orden a la exigencia de motivar las sentencias[58].

Otro grupo de autores como Menéndez Pidal[59], Colomer[60], Lalinde[61] e incluso Morán Martín[62], entienden que las Partidas sí exigen motivar la sentencia, si bien los dos últimos no citan fuentes. Estamos de acuerdo con estos autores porque es evidente que la exigencia de motivar se ciñe al momento de la apelación, lo que demuestra un claro origen romano. Así, en P.3.18.110 se indica que los jueces de alzada deben decir cuales son las razones por las que fallan en un determinado sentido: «Porque fallamos que en tal razon que el Alcalde Don…judgo como devia». No obstante, Ortells Ramos[63] entiende que antes que a una exigencia de motivación de la sentencia se refiere «a lo que hoy llamaríamos formación interna de la sentencia, pero no a la manifestación exterior de aquel iter formativo o de sus pasos más importantes». Esta afirmación nos sugiere una cuestión: cómo se sabe que el juez razonó internamente si no expone externamente esas razones?. También coincide con esta crítica Llobell[64], si bien reconoce que «las Partidas sí recogen el espíritu de la obligación de motivar las sentencias, pero no aparece regulada como requisito de la sentencia en dicho cuerpo legal, revelando un estadio más imperfecto que el del derecho canónico clásico al establecer los medios para garantizar la justicia en las decisiones judiciales, a la que tanto las Partidas como el Corpus Iuris Canonici aspiran».

Ordenamiento de Alcalá titulo 12, De las Sentencias, ley 1.- Que las Sentencias è los procesos sean valederos maguer mengue en ellos la orden del derecho.

Muchas veçes acaesce que desque los pleytos son constestados, e traidos los testigos, è raçonado en los pleytos todo lo que las partes quieren decir, è raçonar, è raçones encerradas para dar sentencia … que los Judgadores que conoscieren del pleyto, ò de los pleytos, ò los ovieren de librar, que los libren, è los judgen segunt la verdat, que en los procesos fallaren probada. Et los procesos de los pleytos, è de las sentencias, que por ellos fueren dadas, que non dejen por esta raçon de ser valederas.

Se trata de otro texto histórico alegado por Menéndez Pidal[65] para argumentar a favor de la motivación de la sentencia. Sin embargo, Sainz Guerra entiende que el Ordenamiento de Alcalá profundiza en la necesidad de otorgar el máximo arbitrio a las decisiones judiciales para evitar que los pleitos se alarguen; por ello el juez se atendrá a los hechos probados[66].

7. Finalizado el periodo medieval, comienza el conocido como estado moderno, Antiguo Régimen, que se extiende durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en los cuales se va a producir una universalización del derecho castellano. A lo largo de los siglos XVI y XVII, por lo que respecta a la motivación de la sentencia, se observa que la realidad española era plural, pues coexistían dos soluciones contrapuestas que, como dicen Garriga y Lorente[67], respondían a una disparidad de regímenes políticos que con anterioridad convivían en el seno de la Monarquía de los Reyes Católicos. Ello explica porqué históricamente la motivación de las sentencias fue una práctica bastante irregularmente generalizada[68].

Nos referimos a las Coronas de Castilla y Aragón que a pesar de su unión en las personas de los Reyes Católicos mantuvieron una estructura política perfectamente diferenciada hasta la muerte de Fernando el Católico en 1516, momento en el que las dos Coronas fueron heredadas por Carlos V (I de España) y comenzó un proceso de integración territorial y de unificación jurídica. Por tanto, a lo largo de los siglos XVI y XVII hubo en España dos regímenes perfectamente diferenciados. Por un lado, el castellano en el que según la doctrina los tribunales en cualesquiera de sus instancias no estaban obligados a razonar sus decisiones, aunque como dicen Garriga y Lorente, quizás fuera por una cuestión de estilo[69]. Se alega que esta praxis de la Corona de Castilla[70] era conforme con las exigencias del derecho común que traían causa de la prohibición de motivar las sentencias impuesta por la Decretal Sicut nobis de Inocencio III en 1199[71]. No obstante, como ya hemos apuntado supra, y para ello seguimos a Llobell[72], justamente sucedió lo contrario: a partir de la Decretal Sicut nobis en la que «se sancionan tanto la obligación de motivar las sentencias - con todas las limitaciones cuantitativas que se quiera dejadas al arbitrio del juez - como la no imposición de sanciones autónomas a la sentencia carente de razones», lo cual significa excusar al juez de manifestar necesariamente de forma absoluta todos los motivos de la sentencia.

Por otro lado, contrariamente, en los territorios de la Corona de Aragón hasta la unificación borbónica del siglo XVIII con los Decretos de Nueva Planta, rigió el régimen por el cual obligatoriamente los órganos judiciales tenían que motivar sus decisiones. La motivación fue impuesta mediante disposiciones reales, como sucedió en Cataluña en 1510[73], en Aragón en 1547[74] y en Valencia en 1564[75]. Verdaderamente en la Corona de Aragón dada la diversidad heterogénea de reinos que la componían, la obligatoriedad motivadora difería de un reino a otro.

A comienzos del siglo XVIII, el rey Felipe V, tras vencer a la Corona de Aragón, trató de reemplazar la organización política de los territorios conquistados por el sistema de organización castellano y para ello otorgó una serie de disposiciones llamadas Decretos de Nueva Planta, que pretendían dotar de una organización nueva (planta nueva) a todos los organismos y tribunales, especialmente a las Audiencias, de la antigua Corona de Aragón. Se dieron nuevos decretos para Aragón y Valencia (29.VI.1707); Aragón (3.IV.1711); Cataluña (15.I.1716); Baleares (28.XI.1715) y Cerdeña (24.XI.1717), con distintas reacciones por los subditos[76]. Por tanto, a diferencia de lo que sucedía en Europa, en España se pasó de la dualidad jurídica de las Coronas de Castilla y Aragón, a un modelo jurisdiccional único impuesto en el siglo XVIII, que propició la generalización de la prohibición de la motivación de las sentencias. Un claro ejemplo lo tenemos en Novísima Recopilación 11.16.8: Cese la práctica de motivar las sentencias, y extenderlas en latín. En esta ley se recoge la Real Cédula de Carlos III de 23 de junio de 1778[77] que en su capítulo 5 dice:

Para evitar los perjuicios que resultan con la práctica, que observa la Audiencia de Mallorca, de motivar sus sentencias, dando lugar á cabilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo en la extensión de las sentencias, que vienen á ser un resúmen del proceso, y las costas que á las partes se siguen; mando, cese en dicha práctica de motivar sus sentencias, ateniéndose á las palabras decisorias, como se observa en el mi Consejo, y en la mayor parte de los Tribunales del reyno[78]; y que á exemplo de lo que va prevenido á la Audiencia de Mallorca, los Tribunales ordinarios, incluso los privilegiados, excusen motivar las sentencias, como hasta aquí, con los vistos y atentos, en que se referia el hecho de los autos, y los fundamentos alegados por las partes; derogando, como en esta parte derogo, el auto acordado 22. tit. 2. lib. 3 duda 1.ª R, ú otra qualquiera resolución ó estilo que haya en contrario.

Esta disposición demuestra que hasta 1778 la praxis habitual era la motivación de las sentencias, pero por extensión del derecho castellano se prohibió. Como dicen Garriga y Lorente «este modelo, en fin, que tras su imposición a la Audiencia y demás jueces de Mallorca por Carlos III en 1778 puede ser justamente calificado de español, figura recogido todavía - como no podía ser menos - en la Novísima Recopilación de las Leyes de España, de modo que llegó incólume al siglo XIX, y fue, en consecuencia, la herencia judicial que el Antiguo Régimen legó al régimen liberal»[79]. Ello significa que Carlos III extendió la no obligatoriedad de motivar las sentencias a todo el reino hasta que se produjo la codificación en el siglo XIX.

Carlos III deja muy claro qué busca con su disposición, que no es precisamente mejorar la administración de la justicia, ni conceder más garantías jurisdiccionales al justiciable, sino evitar los perjuicios que derivan de su práctica: 1º.- cavilaciones a los litigantes[80]; 2º.- excesivo empleo de tiempo en la redacción de las sentencias y 3º.- las costas que se originan a las partes. En principio no parecen razones muy convincentes en orden a garantizar una administración de justicia que proteja los intereses de las partes, especialmente en los casos de apelación de las sentencias. Evidentemente, del texto parece colegirse que se confunde extensión de una sentencia con motivación de una sentencia; ahora bien, si la extensión de la sentencia es tal que viene a ser un resumen del proceso, como dice el rey, eso no es motivar. La motivación no es proporcional a la extensión; ni la decisión judicial se motiva mejor porque la sentencia sea más extensa. Las sentencias tienen que tener la extensión que sea precisa de forma que las razones que movieron al juez a tomar la decisión sean evidentes y convincentes.

Lo más llamativo es que el monarca deroga la práctica motivadora de sentencias en la Audiencia de Mallorca, que regía desde el 28 de noviembre de 1715 cuando el rey Felipe V concedió por Real Decreto el Establecimiento y Planta de la Real Audiencia de Mallorca; información que consta recogida en Novísima Recopilación libro 5, título 10, ley 1, apartado 4, que establecía:

En el modo de proceder en las causas civiles y criminales, número de Escribanos y ministros inferiores, arancel de derechos, y lo demas, se observarán las pragmáticas y estilos antiguos; teniendo entendido, que las apelaciones, que antes se interponían al Consejo de Aragón, se interpondrán y admitirán en adelante para el Consejo de Castilla; y si sobre estas cosas antiguas hubiere alguna que necesite de reformación, me la consultará la Audiencia.

Evidentemente, en esta disposición no todo era meridiano; por ello la Audiencia de Mallorca elevó las pertinentes dudas y la primera fue que se precisara el significado de la orden: «se observarán las pragmáticas y estilos antiguos». Pues bien, por Real resolución de 11 de diciembre de 1717, a consulta del Consejo, se declaró «que las sentencias, decretos y provisiones se escriban en castellano, expresando motivos, y no en latín, como se hacía antiguamente»[81]. Hemos de entender, por tanto, que la lengua en que debían redactarse las resoluciones judiciales, no sólo las sentencias, era el castellano y no en latín, como se hacía antiguamente[82]. A su vez, también hemos de colegir que era un uso antiguo que las decisiones judiciales se motivasen, pues sino no se entiende porqué se deslizan las palabras: «expresando motivos». Lo que no se alcanza a conocer ni se explica es por qué el monarca exige a los órganos judiciales dicha actividad motivadora. Además de esta disposición de 1717, derogada por Carlos III en 1778, el propio monarca amplió la derogación de la obligación de motivar sentencias de la Audiencia de Mallorca a «otra cualquiera resolución ó estilo que haya en contrario».

En consecuencia, podemos inferir que desde 1778 existió una prohibición expresa de motivar las resoluciones judiciales en España; esta prohibición, recogida en 1805 en la Novísima Recopilación, duró hasta los comienzos de la codificación en el siglo XIX en los que empezó a exigirse que los órganos judiciales manifestaran los motivos o razones que les habían inclinado a favor de la decisión adoptada. Por consiguiente, como dice Rodríguez-Aguilera[83], «la motivación de las sentencias responde a una firme tradición, tan sólo interrumpida, entre nosotros, durante el periodo comprendido entre 1778 y 1847».

8. Comenzado el siglo XIX, y a diferencia de lo que sucedía en Europa, en España se perdió una gran oportunidad para haber incluido en el articulado de la Constitución de 1812 la obligación de motivar las sentencias. Pero no se hizo, salvo para los autos de prisión que según el artículo 293 de dicha Constitución se exigía fuesen motivados[84]. No obstante, sí se debatió a propósito de si debía incluirse o no en la constitución la obligación para los jueces de motivar las sentencias. El mayor defensor de la inclusión del deber de motivar las sentencias fue el diputado cordobés D. José de Cea, que presentó un proyecto de Decreto a las Cortes que pasó a la Comisión de Justicia pero que finalmente no fue recogido[85]. Pero como dice Colomer[86] «ello no obstante, no hay duda que la semilla de los debates de Cádiz dejó una impronta indeleble en la conciencia política de la época sobre la necesidad de garantizar la vinculación del juez a la norma legal a través de la exigencia de una justificación de sus decisiones, y por esta razón no es extraño que en el periodo comprendido entre 1829 y 1855 se generalizase la obligación de motivar las sentencias». De todas maneras, aun cuando pueda considerarse un logro del régimen político del Estado liberal español la exigencia de que las decisiones judiciales fueran motivadas, su implantación fue realmente paulatina y a través de legislaciones muy dispares a lo largo de todo el siglo XIX[87].

Con la codificación comenzó el reconocimiento del deber de motivar las sentencias[88]; se estableció por primera vez en el Código de comercio de 1829, en su art. 1213 que dice:

Los tribunales de comercio fundarán todas las sentencias definitivas é interlocutorias que pronuncien en causas de mayor cuantía.

Los fundamentos se reducirán á establecer la cuestión de derecho ó de hecho sobre que recae sentencia, y hacer referencia de las leyes que le sean aplicables, sin comentarios ni otras esposiciones[89].

Conforme a lo previsto en el art. 1219 del mismo Código de comercio de 1829, al año siguiente fue decretada, sancionada y promulgada una ley, de fecha de 24 de julio de 1830, bajo el título de ‘Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio’ que en su artículo 88 establecía:

Resultando de la votación acuerdo que haga sentencia, se redactará en el acto con los fundamentos en que se apoye, al tenor de lo que se previene en el artículo 1213 del Código de Comercio, y se estenderá íntegramente en el libro de sentencias, firmándose por todos los jueces, de donde se estraerá testimonio literal para que obre en el proceso[90].

Esta obligación de motivar las decisiones judiciales estuvo en vigor en materia mercantil hasta la publicación del nuevo Código de comercio de agosto de 1885, en el que se suprimió el Libro V: ‘De la administración de justicia en los negocios de comercio’, recogido en el Código de 1829.

Hasta la ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 la idea de exigir la motivación de las resoluciones judiciales fue plasmada en diversos proyectos legislativos a lo largo de todo el siglo XIX, y aunque en muchas ocasiones no cuajó en cuerpos legales que estuvieran vigentes sí denotaban la intencionalidad de los legisladores en orden a incluir en cualquier disposición legislativa la necesidad de que los órganos judiciales fundamentasen sus decisiones. En otras ocasiones las disposiciones aprobadas en las que constaba que se debía motivar las sentencias solamente tuvieron una vigencia temporal. A continuación recogemos por orden cronológico y sin distinción de ámbitos jurisdiccionales el elenco de proyectos, instrucciones, reglamentos y reales decretos decimonónicos, en los que la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales era evidente[91].

·        En el Proyecto de Código de Procedimiento Criminal de 1821 en su art. 525 se exigía citar el artículo de la ley a la hora de imponer una pena.

·        En el art. 180 de las Ordenanzas Generales de Montes, de 22 de diciembre de 1833, se establecía que en los procesos por delitos y contravenciones de ordenanzas regulados en el Título V «la sentencia que pronuncie (el juez, se entiende), deberá ser fundada en hecho y en derecho».

·        En un Real Decreto de 4 de noviembre de 1838, atinente al orden civil y que ponía fin a los recursos de segunda suplicación e injusticia notoria, se manifestaba la necesidad de fundamentar la resoluciones judiciales a posteriori, es decir, una vez impugnada la sentencia, según consta en su art. 9 in fine.

·        El Proyecto de Instrucción provisional del Enjuiciamiento de 15 de enero de 1840 también contenía un artículo que disponía que después de «sucinta indicación del punto de hecho y de derecho, aplicará las normas legales al punto litigioso y la determinación decisiva».

·        El Reglamento de 1 de octubre de 1845 sobre el modo de proceder los Consejos Provinciales en los negocios contenciosos de la Administración, en su art. 49 establecía que las sentencias «se motivarán exponiendo clara y concisamente los puntos de hecho y de derecho, y los principios ó disposiciones legales que les sean aplicables».

·        También recogían el deber de motivar las sentencias el Reglamento del Consejo Real de 30 de diciembre de 1846, en sus arts. 205 y 208, y el Real Decreto de 20 de junio sobre los delitos de contrabando y defraudación en su art. 8.

·        En 1848 se promulgó el Código Penal (reformado en 1850) con la Ley provisional prescribiendo reglas para la aplicación de las disposiciones del Código penal, en cuya primera regla se establecía que «Los tribunales y jueces fundarán las sentencias definitivas, exponiendo clara y concisamente el hecho, y citando el artículo o artículos del Código penal de que se haga aplicación»[92].

·        La Instrucción del procedimiento civil con respecto a la Real jurisdicción ordinaria, de 30 de septiembre de 1853 (conocida como Instrucción del Marqués de Gerona) en su art. 68 disponía el deber de motivar las sentencias a jueces y tribunales.

·        También en la Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870, en sus arts. 73 y 80, se recogía la exigencia de motivar las sentencias.

·        Igualmente se colige la necesaria motivación del articulado de la Ley provisional sobre el establecimiento del recurso de casación en los juicios criminales, art. 3, y en la Ley provisional sobre reformas en el procedimiento para plantear recurso de casación en los juicios criminales, concretamente en su artículo 13, ambas de junio de 1870.

·        Conforme al art. 669 de la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de septiembre de 1870, vigente hasta 1985, también se exigía motivar las decisiones judiciales.

·        En el art. 87 de la Ley provisional de Enjuiciamiento Criminal de diciembre de 1872, también se estableció la exigencia de que se motivaran las sentencias.

9. Tras varios intentos por establecer legislativamente la obligación de motivar las sentencias, que quizás obedecieran, como dice Ortells[93], a influencias de naturaleza política y razones de carácter técnico-procesal, quedó definitivamente establecido en el art. 333 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, que dice: «Las sentencias definitivas de todo artículo, y las de los pleitos, serán fundadas»; también en el art. 1058 de la misma Ley se establecía para la sentencia en los Recursos de Casación que: «Esta deberá ser fundada, estableciéndose con la separación debida los hechos y las cuestiones de derecho que se resuelvan». En la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000/ley 1, en el art. 208 párrafos 1 y 2 se establece que las providencias sean sucintamente motivadas, mientras que los autos y sentencias deberán ser siempre motivados.

Artículo 208. Forma de las resoluciones.

1. Las providencias se limitarán a expresar lo que por ellas se mande e incluirán además una sucinta motivación cuando así lo disponga la ley o el tribunal lo estime conveniente.

2. Los autos y las sentencias serán siempre motivados y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva o fallo.

La vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de 1882, con las pertinentes modificaciones introducidas por leyes orgánicas, leyes y sentencias de Tribunal Constitucional, no exige como tal formalidad que las sentencias deban ser motivadas, no obstante, de sus arts. 142, 558, 741 y 789.2 puede deducirse de manera afirmativa dicha obligación[94]. Sí está, por el contrario, explícitamente establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en sus arts. 247[95] y 248[96]. Pero no es sólo en los ámbitos jurisdiccionales penales y civiles en los que se exige expresamente motivar las decisiones judiciales, también sucede en el ámbito administrativo como se deduce de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según se desprende de sus arts. 54[97] y 89.3[98]; sin embargo, en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no se contempla explícitamente la necesidad de fundamentar las sentencias, pese a lo cual como en la Disposición Final primera se establece que «en lo no previsto por esta Ley, regirá como supletoria la de Enjuiciamiento civil», y en ésta, como acabamos de indicar, está previsto que el órgano judicial motive sus resoluciones; en consecuencia, también el órgano judicial de la jurisdicción contencioso-administrativa deberá motivar sus sentencias.

En el ámbito jurisdiccional laboral también se halla recogida la exigencia de que los órganos judiciales fundamenten sus decisiones, así consta en el art. 97, 2 y 3[99] del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. En el ámbito mercantil la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tampoco ha dejado pasar la ocasión para recoger en su art. 172, 2.1[100] la obligación de motivar las sentencias, pues como dice García-Cruces «no cabe excepción a la necesidad de fundamentar las resoluciones judiciales»[101].

Hasta la vigente Constitución española de 1978 en la que definitivamente ha quedado plasmado en su art. 120.3 que las sentencias siempre serán motivadas, se observa que se ha producido un goteo legislativo disperso en el que se ha ido recogiendo la necesidad de que los órganos judiciales fundamenten sus decisiones. Con independencia de los ámbitos jurisdiccionales, la disposición constitucional está por encima de todos ellos; en consecuencia, como la Constitución incluye entre sus disposiciones el requisito de la motivación se está obligando a todos los órganos judiciales a fundamentar sus resoluciones. Por otro lado, merece destacarse que en ninguna de las distintas Constituciones históricas españolas se ha incluido la exigencia motivadora; así, ni en la Constitución de 19 de marzo 1812, ni en la de 18 de junio de 1837, ni en las de 23 de mayo de 1845 y 6 de junio de 1869, ni en la de 30 de junio de 1876, todas ellas durante el siglo XIX, ni tampoco en la Constitución de 9 de diciembre de 1931, ya en el siglo XX, se ha recogido semejante disposición.

ABSTRACT

Con la presente investigación se pone de manifiesto que desde la cognitio extra ordinem romana hasta las vigentes constituciones: española, italiana y otras sudamericanas, a pesar de los diferentes avatares, especialmente políticos, ora de hecho ora de derecho, la motivación de las decisiones de los órganos judiciales ha sido un requisito, a veces tácito a veces expreso, que ha acompañado siempre a sus decisiones. De ello se infiere que apelación-impugnación-motivación son tres elementos básicos y sustanciales que a lo largo de toda la historia procesal desde Roma hasta hoy, han estado siempre unidos y relacionados, de tal forma que es imposible concebir la existencia de los unos sin los otros y viceversa. El estudio se circunscribe a la evolución de la obligación de motivar las sentencias en el derecho histórico español partiendo de sus antecedentes romanos.

Palabras Clave: Juez, decisión judicial, sentencia, motivación de la sentencia, obligación de motivar.

In the present study, it is shown that the motivation of decisions taken by judicial organs has always been a requirement, at times tacit and at other times specific, ever since the cognitio extra ordinem of Roman law up until the present-day constitutions of Spain, Italy and some South American countries; despite its different and especially political phases - error of fact and of law - it has without fail accompanied judicial decisions. Hence, it may be concluded that appellation-impugnation-motivation are three basic, substantial elements that throughout procedural history, from Rome up until the present, have always been united and related in such a way that it is impossible to conceive of the existence of some of these elements in the absence of the others and vice-versa. The study limits itself to the development of the obligation to motivate judgment in historical Spanish law beginning from its Roman antecedents.

Alfonso Murillo Villar

Catedrático de Derecho Romano

Universidad de Burgos

e-mail: almuvi@ubu.es

[1] Vid., entre otros, J.M. Serrano, Artículo 120, en Comentarios a la Constitución2, coord. por F. Garrido Falla, Madrid, 1985, 1729-1731; L. Rodríguez, Necesidad de motivación de las sentencias. (Comentario a la STC 55/1987 de 13 de mayo), en Revista Jurídica Española La Ley, IV, 1987, 1057 ss.; J. Fernández, La motivación de las resoluciones judiciales en la doctrina del Tribunal Constitucional, en Poder Judicial, nº especial VI que recoge las ‘1as Jornadas de Protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales y libertades públicas’, celebradas en Cáceres, 7-10 de marzo de 1989, 57-87; L. López, Presunción de inocencia, tutela judicial y motivación de sentencias penales, en Cuadernos de Derecho Judicial, monográfico sobre Los principios del proceso penal, V, Madrid, 1992, 149 ss.; F. Gutiérrez-Alviz y V. Moreno, Actuaciones judiciales: artículo 120, en Comentarios a la Constitución española de 1978, IX, dir. por O. Alzaga, Madrid, 1998, 391-411; A. Nieto, Motivación de las sentencias, en El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al Prof. Dr. D. R. Martín Mateo, II, coord. por F. Sosa Wagner, Valencia, 2000, 2211-2234; Mª T. de Padura, Fundamentación de la sentencia, preclusión y cosa juzgada, Valencia, 2002; L.E. Delgado, Constitución, Poder Judicial y Responsabilidad, Madrid, 2002, 124 ss.; J. Igartua, La motivación de las sentencias, imperativo constitucional, Madrid, 2003; I. Colomer, La motivación de las sentencias: sus exigencias constitucionales y legales, Valencia, 2003.

[2] El frustrado proyecto de Constitución Europea en su Parte II, Título VI, art. II-107: ‘Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial’, reconoce en términos generales todos los derechos que al menos formalmente deben proteger al ciudadano europeo; no obstante, no se hace ninguna mención expresa a la necesaria motivación de la sentencia. Vid. R. Alonso – D. Sarmiento, La Constitución europea. Texto, antecedentes, explicaciones, Cizur Menor (Navarra), 2005, 257 ss.

[3] Constitución italiana de 1947, Titolo IV, Sezione II – Norme sulla Giurisdizione, art. 111: «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati».

[4] La obligación de motivar las resoluciones judiciales tiene vieja tradición constitucional en el derecho peruano; así, en la Constitución de 1933 se recogía en su art. 227; en la Constitución de 1979 en su art. 233.4 y en la vigente Constitución de 1993 se establece en su art. 139.5: «Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos». V. Ticona, La motivación como sustento de la sentencia objetiva y materialmente justa, en http://www.pj.gob.pe/CIJ/9la_motivaci%C3%B3n.pdf.

[5] En su Constitución de 1886, art. 161, dice: «Toda sentencia deberá ser motivada», ratificado por Acto legislativo nº 1, febrero 16, 1945, art. 67.

[6] También la Constitución federal mexicana de 1917, art. 16, párf. 1º, dice: «Nadie puede ser molestado en persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento».

[7] Así, en la Constitución de 1822 ya se recogía en el art. 219: «Toda sentencia civil y criminal deberá ser motivada»; sin embargo, su vigencia fue bastante efímera, vid., I. Merello, La ley mariana de fundamentación de sentencias frente a la clemencia judicial en materia penal, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 1983, 72. Fue en 1837 a través de un Decreto dictado por el Presidente Joaquín Prieto, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le habían sido conferidas por ley de 31 de enero, para hacer frente a la guerra contra Perú, cuando vuelve a reestablecerse el deber de motivar las sentencias. Vid. H. Hanisch, Contribución al estudio del principio y de la práctica de fundamentación de las sentencias en Chile durante el siglo XIX, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 1982, 131 ss. En la vigente Constitución de 1980 con reformas de 2001, aún cuando explícitamente no se recoge, parece que no hay dificultad en deducir la inequívoca voluntad del constituyente de exigir a los jueces que fundamenten sus fallos, conforme a los arts. 19 n° 3°, inciso 5° (garantías de un racional y justo procedimiento) y 73 (prohibición de revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones). Por su parte, de la normativa legal contenida en los arts. 170 y 768 n° 5° del Código de Procedimiento Civil; 500 y 541 n° 9° del Código de Procedimiento Penal, a la cual obviamente hace referencia la citada Constitución, resulta explícita en cuanto a la imperatividad de la fundamentación o motivación de los fallos. Vid. D. Accatino, La Fundamentación de las sentencias: ¿Un rasgo distintivo de las judicatura moderna?. Rev. Derecho, 15, Valdivia, dic. 2003, 9-35, también disponible en Rev. Derecho, Valdivia [online] 15, dic. 2003 [citado 11 Abril 2007], 9-35: http://www.scielo.cl/scie-lo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502003000200001&lng=es&nrm=iso. J. González, La fundamentación de las sentencias y la sana crítica, en Revista Chilena de Derecho, 33 n°1, 2006, 93–107; también disponible en: http://www.scie-lo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100006&lng=en&nrm=iso.

[8] Igualmente, en el art. 24, párf. 2º, de la Constitución costarricense de 1949 (Reforma Constitucional 7607 de 29 de mayo de 1996) se dice: «Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato».

[9] Pueden verse referencias a constituciones, actualmente derogadas, que exigían que los órganos judiciales motivasen sus decisiones en H. Fix-Zamudio, Constitución y Proceso Civil en Latinoamérica, México, 1974, capítulo VIII; (también puede verse en formato PDF en http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.-htm?l=672). Vid. también R. Escovar, La motivación de la sentencia y su relación con la argumentación jurídica, Caracas, 2001, en especial el Capítulo II.

[10] S. Martí, Sinopsis del artículo 120 de la Constitución española, en http://www.congreso.es/constitu-cion/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=117&fin=127&tipo=2.

[11] Más adelante abordaremos las dificultades que surgieron al intentar introducir en la Constitución de Cádiz el requisito procesal de la motivación de las decisiones judiciales.

[12] El art. 110.3 del Anteproyecto decía: «Toda sentencia ha de ser motivada y pronunciada en audiencia pública».

[13] Cfr. H. Alsina, Tratado teórico práctico de derecho procesal, civil y comercial2, II. Organización judicial. Jurisdicción y competencia, Buenos Aires, 1957, 255 ss.

[14] Entre otros, vid. M. Ortiz de Zuñiga, Fundamentación de las sentencias, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 28, 1866, 113 ss.; J. Menéndez Pidal, Sobre la motivación de las resoluciones judiciales, en Revista de Derecho Procesal, 1953, 3 ss.; M. Ortells, Origen histórico del deber de motivar las sentencias, en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, 1977, 899 ss.; A. Alvarez de Morales, Historia del juicio motivado, en Homenaje a J. B. Vallet de Goytisolo, III, Madrid, 1988, 79 ss.; L.Mª. Díez-Picazo, Régimen constitucional del Poder Judicial, Madrid, 1991, 60 ss.; E. Pedraz , Ensayo histórico sobre la motivación de las resoluciones judiciales penales y su actual valoración, en Revista General de Derecho, XLIX, núms. 586-587, 1993, 7223 ss. y en Derecho Procesal Penal I. Principios de Derecho Procesal Penal, Madrid, 2000, 343 ss.; I. Colomer, La motivación, cit., 61.

[15] L. Prieto-Castro, Tratado de derecho procesal civil. Proceso declarativo. Proceso de ejecución I 2, Pamplona, 1985, 772.

[16] Vid. J. Igartua, La motivación, cit., 7.

[17] I. Colomer, La motivación, cit., 61.

[18] Véase las últimas páginas de este trabajo para darse cuenta de que ninguno de los ámbitos jurisdiccionales ha quedado exento de la obligación de motivar sus decisiones.

[19] L. Rodríguez, Necesidad, cit., 1060 s.  

 [20] B. Biondi, Intorno alla romanità del processo civile moderno, BIDR, 42, 1934, 430.

[21] T. Sauvel, Histoire du jugement motivé, en Revue de droit public et de la science politique en France et a l’étranger, 1955, reimpresión 1982, 7, cuando dice «au surplus rencontrer à Rome la nécessité de jugements motivés susceptibles d’être comparés aux nôtres serait chose assez surprenante».

 [22] P. Calamandrei, Processo e democrazia, Padova, 1954, 95. Asimismo, afirma que el requisito de la motivación cumple ante todo una función exhortativa o pedagógica.

 [23] M. Kaser, Derecho romano privado 2, trad. esp., Madrid, 1982, 378.

 [24] K. Visky, Urteilsbegründung im römischen Zivilprozess, RIDA, 18, 1971, 759.

 [25] K. Visky, Urteilsbegründung, cit., 755.

 [26] Para este tema y otros relacionados con el proceso romano, véase la puesta al día, con amplísima bibliografía, de M. Talamanca, voce Processo civile (diritto romano) en Enc. dir., XXXVI, Milano, 1987 1 ss.; también I. Cremades, La acción contra el árbitro que no dió sentencia, en Estudios en Homenaje al Prof. J. Iglesias, III, Madrid, 1988, 1187 ss.

 [27] Vid. I. Cremades y J. Paricio, La responsabilidad del juez en el Derecho romano clásico, en AHDE, 54, 1984, 179 ss.

[28] Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus AA.. ad Probum Praefectum Praetorio, C.7.44.2 (a. 371): Hac lege perpetua credimus ordinandum, ut iudices, quos cognoscendi et pronuntiandi necessitas teneret, non subitas, sed deliberatione habita post negotium sententias ponderatas sibi ante formarent et emendatas statim in libellum secuta fidelitate conferrent scriptasque ex libello partibus legerent, sed ne sit eis posthac copia corrigendi vel mutandi. Exceptis tam viris eminentissimis praefectis praetorio quam aliis illustrem administrationem gerentibus ceterisque illustribus iudicibus, quibus licentia conceditur etiam per officium suum et eos, qui ministerium suum eis accomodant, sententias definitivas recitare.

[29] Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus AA.. ad Clearchum Praefectum Praetorio, C.Th. 4.17.2 (a. 382):  Iudex in proferenda sententia quae iurgantibus prosit, ad plenum recenseat, quidquid negotii fuerit inlatum, quod senserit scribat et relegat, ne per errorem iudicis iterum a primordio novae litis sortiantur eventus.

  [30] Opinión relativamente contraria mantiene J. LLobell, Historia de la motivación de la sentencia canónica, Zaragoza, 1985, 23 s., que reconoce, y en ello coincidimos, que la ponderación exigida hace referencia sibi, es decir, al proceso de formación de la sentencia en la mente del juez; sin embargo, continúa, no se refiere a un requisito formal de la sentencia manifestado ad extra.

 [31] Al menos en los modernos sistemas procesales, P. Calamandrei, Processo, cit, 98.

[32] La fórmula es una forma tradicional de manifestación de la motivación, dice G. Roncagli, Il giudizio sintetico nel processo civile romano, Milano, 1955, 99.

 [33] Vid., G. Calogero, La logica del giudice e il suo controllo in cassazione2, Padova, 1964, 177.

 [34] G. Calogero, La logica, cit., 176.

 [35] P. Calamandrei, Processo, cit., 97.

[36] Con posterioridad a nuestra publicación, A. Murillo, La motivación de la sentencia en el proceso civil romano, en Cuadernos de Historia del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 2, 1995, 11 ss., (http://revistas.ucm.es/der/11337613/articulos/CUHD9595110011A.PDF) se han publicado otros trabajos: M. Marrone, Contributo allo studio della motivazione della sentenza nel diritto romano, en Mélanges en l’honneur de C. A. Cannata, Bâle-Genève-Munich, 1999, 53 ss. y Su struttura delle sentenze, motivazione e “precedenti” nel processo privato romano, en ‘Iuris Vincula’, Studi in onore di M. Talamanca, V, Napoli, 2001, 273 ss. También A. Guarino, Gli argomenti del giudice, en Trucioli di bottega, Napoli, 2005, 113 ss., en donde se recogen sus «dodici acervoli» publicados entre 1999 y 2004, siendo en el año 2000 cuando puntualizaba el primer trabajo de los inmediatamente citados de M. Marrone, manifestando que sería más adecuado decir «argomentazione» que «motivazione». T. J. Aliste, La motivación judicial en el derecho romano y su proyección respecto a la nulidad de sentencias por falta de motivación en el derecho procesal moderno, con noticia particular del enjuiciamiento criminal, en Pensamiento Jurídico, 21, Bogotá (Colombia), enero-abril de 2008, 1 ss; también en http://www.derecho.unal.edu.co/unijus/pj21/1MOTIVACION.pdf

[37] Vid. N. Scapini, Il problema della motivazione della sentenza nel diritto processuale romano, en Studi Parmensi, 1983, 255 ss.  

[38] Como puede apreciarse en inscriptio D. 49.8.1.1.

[39] J.J. Gil, La motivación de las decisiones jurídicas, en Constitución, Derecho y Proceso. Estudios en memoria de los Profesores Vicente Herce y Angel Duque, Zaragoza, 1983, 163.

[40] PH. Godding, Jurisprudence et motivation des sentences, du Moyen Âge à la fin du 18º siècle, en La motivation des décisions de justice, coord. por Ch. Perelman et P. Foriers, Bruxelles, 1978, 37-67. Vid. también M. Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Padova, 1975, 319 ss.

[41] R. O’callaghan, Doctrina de las Decretales respecto á fundar las sentencias, en Revista Jurídica de Cataluña, 1903, 246 ss.

[42] J. Sainz, Las razones de la justicia en el derecho castellano durante la Baja Edad Media, en La aplicación del derecho a lo largo de la historia. Actas I Jornadas de Historia del Derecho de la Universidad de Jaén, Jaén, 1996, 106 ss.; G. Gorla, Sulla via dei ‘motivi’ delle ‘sentenze’: lacune e trappole, en Studi in memoria di S. Satta, I, Padova, 1982, 686 ss.

[43] J. LLobell, Historia, cit., 117 ss.

[44] De la propia Decretal Sicut nobis se infiere la existencia en época anterior de una costumbre contraria a la motivación, que el propio papa sanciona como correcta, en tanto en cuanto el juez estaba exento de manifestar todas las razones que le movían a pronunciar una determinada sentencia.

[45] Canon 1611. La sentencia debe:

3.- Exponer las razones o motivos, tanto de derecho como de hecho, en los que se funda la parte dispositiva de la sentencia.

[46] Canon 1617. Fuera de la sentencia, los demás pronunciamientos del juez son decretos, los cuales, salvo que sean de mero trámite, carecen de toda eficacia si en ellos no se hacen constar, al menos de modo sumario, los motivos, o no remiten a motivos expresados ya en otro acto.

[47] I. Colomer, La motivación, cit., 62.

[48] J. Sainz, Las razones, cit., 114.

[49] J. Menéndez Pidal, Sobre la motivación, cit., 12.

[50] J. Sainz, Las razones, cit., 116.

[51] A. Murillo, La motivación, cit., 31 ss.

[52] J. Sainz, ibídem.

[53] J. Sainz, Las razones, cit., 119.

[54] J. Sainz, Las razones, cit., 120.

[55] En P.3.22.1 se explica Que cosa es Juyzio. Juyzio en romance tanto quiere dezir, como sententia en latin. E ciertamente Juyzio es dicho, mandamiento que el Judgador faga a alguna de las partes, en razon de pleyto que mueven ante el.

[56] P.3.18.109.- Sentencia definitiva tanto quiere decir, como juyzio acabado.

[57] J. Sainz, Las razones, cit., 121 ss.

[58] J. Sainz, Las razones, cit., 126-127. Esta misma opinión comparte J. LLobell, Historia, cit., 41.

[59] J. Menéndez Pidal, Sobre la motivación, cit., 12-13.

[60] I. Colomer, La motivación, cit., 62.

[61] J. Lalinde, Iniciación histórica al derecho español 2, Barcelona, 1978, 921.

[62] R. Morán, Historia del derecho privado, penal y procesal, 1, Madrid, 2002, 500.

[63] M. Ortells, Origen, cit., 901.

[64] J. LLobell, Historia, cit., 42-43 nt.162.

[65] J. Menéndez Pidal, Sobre la motivación, cit., 13.

[66] J. Sainz, Las razones, cit., 127.

[67] C. Garriga y M. Lorente, El juez y la ley: la motivación de las sentencias. (Castilla, 1489 – España, 1855), en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 1997, 101.

[68] E. Pedraz, Ensayo, cit., 7224.

[69] C. Garriga y M. Lorente, El juez, cit., 102.

[70] No obstante, la Real Chancillería de Granada motivaba sus sentencias. A. Alvarez de Morales, Historia, cit., 82. Además, dichas sentencias granadinas fueron objeto de atención por parte de los juristas y por iniciativa privada se hicieron colecciones de ellas, a diferencia de lo que ocurría con las sentencias castellanas no motivadas que carecían de interés para la ciencia del Derecho. Por el contrario, de las sentencias motivadas de Aragón y Cataluña se hicieron colecciones oficiales, las cuales fueron objeto de estudio por parte de profesionales. J.M. Pérez-Prendes, Curso de historia del derecho español, Madrid, 1989, 670 ss.

[71] I. Colomer, La motivación, cit., 66.

[72] J. LLobell, Historia, cit., 172.

 

[73] Recogido según M. Ortells, Origen, cit., 901, en Lib. IV, tit. III, ley II de Constitucions y altres drets de Cathalunya, capítulo 55 de las Cortes de Monzón de 1510. Sin embargo, C. Garriga y M. Lorente, El juez, cit., 101 nt. 21 apuntan al Lib. VII, tit. III, ley II, lo que no se opone a que en ambos trabajos se transcriba literalmente el mismo texto. No podemos resolver la contradicción por no tener acceso a la fuente.

[74] Vid. en Fueros y Observancias del Reino de Aragón el fuero Ut Iudices, Consiliarii & Assessores motum suorum votorum exprimere teneant (Cortes de Monzón, 1547), Libro VII, rúbrica De Sententia, & re iudicata. No nos ha sido accesible su consulta a través de ninguna edición, no obstante puede verse en M. Ortells, Origen, cit., 902.

[75] Vid. C. Garriga y M. Lorente, El juez, cit., 101 ss.

[76] Vid. J.A. Escudero, Curso de historia del derecho. Fuentes e Instituciones Político-Administrativas, Madrid, 2003, 642 ss.

[77] Parece que esta fecha debe ser rectificada por 1768; no obstante, seguiremos utilizando en adelante 1778. Vid. J.M. Mariluz, La acción de sentenciar a través de los apuntes de Benito de la Mata Linares, en Revista de Historia del Derecho, 4, 1976, 141 ss.

[78] La disposición dice en la mayor parte de los tribunales del reino, no dice en todos, lo cual implica, a nuestro entender, que en otros tribunales (no todos) también se motivaba.

[79] C. Garriga y M. Lorente, El juez, cit., 113.

[80] Para J. Menéndez Pidal, Sobre la motivación, cit., 12, «mejor es que cavilen las partes pensando en razones de hecho o de derecho sostenidas por el juez, que no en razones supuestas o inexistentes, cuando no en motivos de maledicencia también inexistentes».

 

[81] Vid. M. Martínez Alcubilla, Códigos antiguos de España II, Madrid, 1885, 1129 nt.1.

[82] La necesidad de redactar en castellano también se impuso en la Real Audiencia de Cataluña como consta en el Real Decreto de Nueva Planta otorgado por Felipe V el 16 de enero de 1716, recogido en la Novísima Recopilación libro 5, título 9, ley 1, apartado 4 que dice: «Las causas en la Real Audiencia se substanciarán en lengua castellana».

[83] C. Rodríguez-Aguilera, La sentencia, Barcelona, 1974, 47.

[84] Art. 293 de la Constitución de 1812: «Si se resolviere que el arrestado se le ponga en la cárcel, o que permanezca en ella en calidad de preso, se proveerá auto motivado, y de él se entregará copia al alcaide para que la inserte en el libro de presos, sin cuyo requisito no admitirá el alcaide a ningún preso en calidad de tal, bajo la más estrecha responsabilidad». Recogido en http://www.congreso.es/constitucion/otras/historicas/index.htm

[85] A propósito de los intentos del diputado D. José de Cea, su propuesta y posterior desarrollo, vid. M. Ortells, Origen, cit., 905 ss. y C. Garriga y M. Lorente, El juez, cit., 114 ss.

[86] I. Colomer, La motivación, cit., 70.

[87] M. Ortells, Origen, cit., 905 ss.

[88] Vid. C. Garriga y M. Lorente, El juez, cit., 122 ss.

[89] Tomado del Código de Comercio español concordado y anotado, precedido de una introducción histórico-comparada, por I. Miquel y Rubert y J. Reus y García, Madrid, 1855.

[90] Tomado de la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, con notas y aclaraciones, precedida de una introducción histórica por I. Miquel y Rubert y J. Reus y García, Madrid, 1855.

[91] Vid. M. Ortells, Origen, cit., 907 ss.; E. Pedraz, Ensayo, cit. 7231 ss.; también en Derecho, cit., 358 ss.

[92] Respecto de los antecedentes inmediatos de la mencionada ‘Ley provisional’ de 1848, según E. Pedraz, Ensayo, cit., 7235 ss., fueron: Una proposición de ley presentada al Senado el 12 de julio de 1841; un Proyecto de Código de Enjuiciamiento Criminal de 1844; y un Proyecto de Ley de Organización y Atribuciones de los Juzgados y Tribunales del Fuero común.

[93] M. Ortells, Origen, cit., 931.

[94] Para la motivación de las sentencias en el ámbito jurisdiccional penal puede verse E. Pedraz, Ensayo, cit., 7223 ss. y también en Derecho, cit., 342 ss. L. López, Presunción, cit., 149 ss.

[95] Art. 247.- Las resoluciones judiciales que se dicten oralmente y deban ser documentadas en acta en los juicios verbales, vistas de los pleitos o causas y demás actos solemnes incluirán la fundamentación que proceda.

[96] Art. 248.- 1. La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del juez o tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerden, la firma o rúbrica del juez o presidente y la firma del secretario. No obstante, podrán ser sucintamente motivadas sin sujeción a requisito alguno cuando se estime conveniente.

2. Los autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y numerados los hechos y los razonamientos jurídicos y, por último, la parte dispositiva. Serán firmados por el juez, magistrado o magistrados que los dicten.

3. Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo. Serán firmadas por el juez, magistrado o magistrados que las dicten.

4. Al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello.

 

[97] Art. 54. Motivación.

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a.- Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

b.- Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje.

c.- Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

d.- Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de esta Ley.

e.- Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.

f.- Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte

[98] Art. 89.3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo54. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

[99] Art. 97. 2. La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo.

3. La sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con notoria temeridad una sanción pecuniaria cuya cuantía máxima, en la instancia, no excederá de cien mil pesetas. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario deberá abonar también los honorarios de los abogados.

[100] Art. 172. Sentencia de calificación.

2. La sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos:

1. La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas cómplices. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho de la persona jurídica deudora, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición.

[101] J.A. García-Cruces, Comentario al artículo 172, en A. Rojo/E. Beltrán, Comentario de la Ley Concursal, II, Madrid, 2004, 2577.